Este mecanismo es una excelente herramienta que se puede utilizar para acelerar las inversiones que requiere el Perú. Sin embargo, ha quedado demostrado que el Estado tarda mucho tiempo en evaluar y aprobar las IP presentadas. Algunas IP tardaron más de dos años en que sean declaradas de interés.
Si se tiene en cuenta que el período de declaración de interés es de tres meses y que luego de ello viene el período de licitación (si es que se hubieran presentado terceros interesados durante la declaratoria de interés), la adjudicación de una IP podría tardar hasta tres años. Es un tiempo muy largo para un país como el Perú que requiere invertir en este tipo de proyectos.
De lo observado, las causales en el retraso se deben a que normalmente intervienen varias instituciones del Estado en la evaluación de las IP. Cada cual da sus puntos de vista que no necesariamente coinciden con la de otra institución. Las principales observaciones que realiza el Estado a las IP son: sobrevaloración de inversiones, tarifas altas, demanda proyectada muy conservadora, entre otras.
Las observaciones aparecen por la asimetría de información existente entre el Estado y el proponente, pero también porque el Estado no toma en cuenta que en una IP el proponente asume muchos riesgos que deben ser valorizados para poder asumirlos. El Estado busca equivocadamente, durante la evaluación de la IP, que el proyecto sea optimizado para él sin contar ni tomar en cuenta que pone en riesgo la ejecución del proyecto.
El Estado debería evaluar las IP analizando los beneficios generales y el nivel de servicio que esta ofrece a los usuarios a costos razonables. El Estado no debería preocuparse durante la evaluación de la IP si las inversiones indicadas por el proponente son reales, o si la demanda que ha proyectado es muy conservadora.
Se debe recordar que las IP pasan por un período de declaratoria de interés de tres meses, durante el cual pueden aparecer terceros interesados en ejecutar el proyecto. Si ello ocurriese, se continúa con una licitación cerrada entre el proponente y los terceros interesados.
En esta licitación se optimiza el proyecto, ya que los postores pugnarán por adjudicárselo, para lo cual tendrá que maximizar las inversiones, minimizar las tarifas y, en general, optimizar los beneficios para el Estado y los usuarios. Por lo tanto, el Estado podría reducir significativamente los plazos de evaluación de las IP si sólo tomara en cuenta el siguiente razonamiento:
Si el proponente ha sobrevalorado el proyecto es muy probable que durante la declaratoria de interés aparezcan terceros interesados, ya que el proyecto resulta atractivo para la competencia del proponente.
Si el proponente ha optimizado el proyecto para el Estado y usuarios, probablemente no se presenten terceros interesados durante el período de declaratoria de interés. Sin embargo, el proyecto podrá ser ejecutado por el proponente, ya que el DL 1012 estipula que de no haber terceros interesados se le adjudica al proponente.
En cualquiera de los dos escenarios, el Estado recibe un proyecto optimizado con los beneficios para los usuarios, pero lo más importante es que se habría adjudicado en un tiempo considerablemente menor.
¿Qué opinión le merece la propuesta del profesor Albújar? ¿Cree usted que el Estado será capaz de reducir los tiempos de realización de los proyectos de inversión en infraestructura vía la Iniciativa Privada?
Profesor de la Maestría en Finanzas de ESAN
Definitivamente una de las ventajas de las Iniciativas Privadas es la disminución del tiempo que normalmente demora un proceso de concesión. La ley que hace mención fija plazos a cada organismo interviniente, y el problema radica en que no se cumplen esos plazos.
Un factor fundamental de lo que está sucediendo con las IP es el conocimiento probablemente mínimo de un proceso y las ventajas de una concesión, que se incrementa con el cambio permanente de funcionarios que van adquiriendo conocimiento y experiencia, pero luego son reemplazados por otros cuya trayectoria está básicamente en lo que es obra pública.
Un importante aporte que requiere trabajarlo con los actuales gobernantes, que el equipo técnico de gobierno lo comprenda.
Considero que sí se pueden reducir tiempos, pero se requiere que en el gobierno encontremos profesionales al nivel que exige esta propuesta. El Estado debería promoverlo.
Pueden jugar un rol facilitador terceros con experiencia en determinados sectores (ONGs; Cooperación internacional), por ejemplo, en agua y saneamiento (con proyectos para principales ciudades o capitales distritales); en infraestructura vial, en habilitación urbana (en esto los bancos pueden tener una amplia participación, caso BCP que ya empezó), etc.
El aporte realizado por el Dr. Alex Albújar es acertado sobre el tiempo tan largo que toma el análisis de un IP. Es razonable y contributivo este análisis, porque aquel que esté interesado en un IP podrá mejorarlo en beneficio no sólo del Estado sino también de los usuarios, que al final son el objetivo de toda gestión. Asimismo, con un tiempo menos largo y tedioso se incentiva a mayores IP y a una sociedad más interesada en el desarrollo.
Muy interesante el tema. ¿Qué acciones podemos impulsar para que el Estado considere este enfoque? Saludos.
Estimado Ricardo,
Para que el Estado considere este enfoque es necesario que los funcionarios que evalúan las IP sean conscientes que los inversionistas que proponen el proyecto asumen riesgos importantes. El Estado debe, por tanto, tomar en cuentas esos riesgos.
Creo que muchos funcionarios públicos están acostumbrados a la Obra Pública solamente, y cuando se presentan estas oportunidades novedosas no las saben afrontar debidamente. Es un tema de capacitación.
Gracias Alex, siempre tan oportuno. Creo que la empresa privada es la que puede acortar estos plazos en la medida que sus propuestas sean más competitivas para evitar que otros se animen a competir. Los tres meses me parecen prudentes ya que es el tiempo en que las iniciativas serán evaluadas por los competidores. Un abrazo.