¿Es posible la transacción en materia tributaria?

Uno de los temas que actualmente es objeto de atención por parte de los Estados es el relativo a los mecanismos alternativos para la solución de conflictos en materia tributaria. En el Perú, la situación de los procesos y procedimientos contenciosos tributarios es alarmante.

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En un mundo masificado y cada vez más dependiente de los avances tecnológicos, en el cual los procesos y procedimientos en general tienden a simplificarse, corresponde hacer una meditada evaluación de la situación en sede tributaria, a los efectos de determinar si los procesos y procedimientos tributarios -en particular los contenciosos- cumplen con los objetivos para los cuales fueron establecidos, y permiten la materialización de los principios constitucionales que los disciplinan.

En el Perú, la situación de los procesos y procedimientos contenciosos tributarios es alarmante. De acuerdo a estadísticas, el 51% de dichos procedimientos terminan pronunciándose a favor de los contribuyentes, y el restante (49%) es en gran medida objeto de impugnaciones ante los órganos jurisdiccionales, dilatándose la resolución de las controversias entre dos y cuatro años más.

Una situación como la descrita revela con nitidez que los procedimientos contenciosos tributarios no están representando la cristalización del derecho constitucional que tienen los contribuyentes al debido proceso, pues el retardo en la resolución de las controversias no es propio de un procedimiento que tenga como objetivo la administración de justicia.

Siendo ese el escenario corresponde preguntarse si existe la posibilidad de incorporar mecanismos convencionales de solución de controversias en materia tributaria. La posibilidad de aplicar la convención (género) y la transacción (especie) en el Derecho Tributario ha sido objeto de cuestionamientos por un sector de la doctrina especializada, al considerarse que la Administración Tributaria carece de facultades para lograr soluciones consensuadas con los contribuyentes, sobre la base de los principios de indisponibilidad del crédito tributario, igualdad y capacidad contributiva.

Para quienes objetan la posibilidad de aplicar la transacción en materia tributaria, y en aplicación del principio de reserva de ley, los elementos del tributo deben estar expresamente tipificados en la Ley. No existe posibilidad de acuerdo o transacción con el contribuyente por parte de la Administración Tributaria, la que se encuentra obligada a realizar sus actos en estricto respecto al principio de legalidad. 

Es evidente que la transacción u otros mecanismos convencionales se presentan como mecanismos alternativos para solucionar controversias tributarias -que de otra forma se solucionarían a través de los procedimientos contenciosos tributarios- y no como medios de extinción de las obligaciones tributarias, como algunos han sugerido.

En efecto, hay que distinguir los planos de actuación de unos y otros, pues logrado un acuerdo o convención entre el fisco y el contribuyente se producirá un acto de determinación de la deuda tributaria que será objeto de extinción a través de los mecanismos extintivos del crédito tributario (pago, compensación, condonación o consolidación). Los conflictos entre el fisco y el contribuyente surgen de problemas interpretativos, muchas veces generados por normas que no son claramente concebidas ni redactadas.

La solución convencional de controversias se constituye en un medio excepcional -y que debe encontrarse reglado normativamente-, que tiene por objetivo la materialización de los principios de practicabilidad, celeridad y verdad material. Nunca en un medio extintivo de obligaciones tributarias, que pudiera ser arbitrariamente empleado por la Administración Tributaria o propuesto al libre albedrío por los contribuyentes, generando inseguridad jurídica, ni puede suponer la negociación del monto de la deuda tributaria ni el otorgamiento de privilegios al deudor tributario. 

¿Cómo evalúa usted la situación de los procesos y procedimientos contenciosos tributarios en el Perú?

Esta entrada contiene un artículo de:
Jorge Bravo Cucci
Doctorado en Derecho Empresarial, Universidad de Sevilla. Abogado, Universidad de Lima. Especialista en tributación internacional, planeamientos tributarios y en tributación sectorial. Actualmente, Socio del Estudio Rosselló Abogados.
Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN

5 comentarios

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Hay muchos abusos del Estado por cuestiones de forma y por eso termina perdiendo en T fiscal y en T constitucional, la mayoría de deuda publicada por Sunat es por multas intereses moratorios leoninos. Por eso no hay que alarmarse, las empresas se defienden con todo el derecho, ahora último se han vistos abusos de municipios por embargos, por multas de obras, incluso organismos para estatales imponen multas (Minag, Minam, etc.) por cuestiones de forma de papeleo. La presión tributaria es alta.

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Si la administración tributaria es eficiente no tendría muchos recursos de reclamación por resolver y comparto la opinión que mucho de esto sucede por cuestiones de formalidad. Asimismo, las leyes no son claras en materia tributaria, lo cual conlleva a controversia entre el Estado y el contribuyente y prueba de ello es que en los recursos de apelación el tribunal fiscal tiene que emitir resoluciones de observancia obligatoria. En tal sentido, las normas en materia tributaria antes de ser aprobadas deberían ser analizadas y evaluadas por los colegios competentes y especialistas en la materia.

Muy de acuerdo contigo Mery. Yo siempre he pensado que la solución a la alta litigiosidad -que sólo es buena para los que actuamos como abogados- pasa por:

a) Aprobar normas simples, pero bien concebidas.
b) Tener mecanismos alternativos de solución de conflictos.

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Es correcto lo manifestado por el Dr. Bravo, algo que siempre olvidamos los profesionales es la esencia económica y jurídica en materia tributaria, la búsqueda del acto generador de obligaciones, lo fáctico de los hechos que generan dicha obligaciones y sus alcances, siempre (entre la administración tributaria - los contribuyentes) van a ser temas de controversias, pero si ambos lados buscaran la conciliación o la armonización y unificación de los criterios interpretativos de las normas jurídicas o se tuvieran presente los principios del derecho tributario no incrementarían tanto los asuntos contenciosos, pues estos cumplirían sus fines en las primeras instancias con tan sólo tener la facultad de transar una controversia se simplificaría los años de retraso en la captación de recursos para el Estado y con ello el abuso de su discrecionalidad que les confiere la Ley.

El excelente análisis planteado y la propuesta expresada creo que debe ser el proceso final de todo un cambio y reestructuración (entiéndase simplificación) de la normativa tributaria.

El primer punto a analizar es ese 51% de procedimientos que terminan siendo fallados a favor del contribuyente. Sería importante que la SUNAT y los órganos responsables de la política tributaria revisen esta altísima incidencia de acciones "fallidas" que implicaron un tiempo y costo para todos los actores del proceso de determinación y trámite contencioso (Estado y contribuyentes).

Esto generará esta corriente de modificación en la norma de manera que sea simple y clara para que no sea materia de "interpretación" por los mencionados actores.

El siguiente paso es estudiar por qué el restante 49% continúa con acciones o impugnaciones en los siguientes niveles, si son por acciones dilatorias o evidentemente aún hay margen de interpretación en los casos materia de juicio.

Teniendo ese panorama claro es que se debe plantear la propuesta ya que podrá dar a los responsables una verdadera dimensión donde esta figura puede ser aplicada dentro del margen de la racionalidad, igualdad y capacidad contributiva de los que sean beneficiados con dichas medidas.

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