Siendo el Perú un país donde aún existen muchas carencias en parte importante de la población, las inversiones deberían ser bien recibidas y tratadas no sólo por las autoridades del gobierno central, sino, sobre todo, por aquellas poblaciones pobres que están dentro de los ámbitos de influencia donde se asientan generalmente dichos proyectos.
Sin embargo, observamos que sucede todo lo contrario en dichas zonas. Es decir, hay una actitud reacia y confrontacional contra ese tipo de inversiones, que en teoría, vendrían a significar una gran oportunidad de empleo y de demanda de recursos y servicios para dichas poblaciones, ayudándolas a progresar y salir de la pobreza.
¿Cómo explicar esta situación?
a.- Un primer aspecto a considerar es que la historia de las actividades extractoras de recursos naturales, sobre todo minería y petróleo, tanto a nivel nacional como internacional, tienen muchas experiencias negativas en cuanto a los impactos sobre la salud de las personas, la fauna, los recursos naturales y el medio ambiente
Esto significa que existe una experiencia colectiva no deseada, incluyendo a países desarrollados y no desarrollados. Las reacciones de la población, en ambos casos, tienden a ser muy parecidas a los hechos que vemos al interior de nuestro país. Se trata de actividades que por sus propias características generan riesgo, temor, oposición y conflicto.
b.- El Perú es un país con gran preocupación sobre el cambio climático, y toma postura a favor de dar las medidas necesarias para que el desarrollo sea sostenible. Por esta razón, todas las inversiones que se hagan deben pasar por realizar estudios de Evaluación de Impacto Socio Ambiental; respetar la opinión y cultura de las poblaciones oriundas de los ámbitos territoriales donde se invertirá; y sobre todo demostrar que no se van a producir daños irreversibles contra los recursos naturales, el medio ambiente y las costumbres ancestrales de las poblaciones.
El compromiso que deben cumplir el gobierno y las empresas inversoras es todo un desafío: lograr que las poblaciones los vean como amigos de sus intereses y que confluyan en el objetivo de lograr el desarrollo sostenible.
¿Qué pasaría si por una mala gestión de las empresas mineras, petroleras o de energía se dañan drásticamente los recursos y estos dejan de ser renovables? Ese es el temor y el riesgo que el Estado y los inversionistas deben sosegar, ya que mientras eso persista, y exista desconfianza, la que puede ser aprovechada por grupos beligerantes, seguiremos teniendo conflictos como los que están ocurriendo en estos días, donde las inversiones y oportunidades tendrán que seguir esperando.
¿Cree usted que el gobierno y las inversiones privadas vienen trabajando por un desarrollo sostenible?
El desarrollo sostenible no es más que el aprovechamiento del Estado y los inversionistas, ambos buscan un beneficio económico, dejando de lado lo social, el crecimiento de las poblaciones en oportunidades de desarrollo, educación y empleo, y la generación de recursos en la prestación de servicios, cuando las inversiones debieran ser distribuidas de la mejor manera por las autoridades y que esta sea administrada adecuadamente en las plataformas donde se realiza dicha inversión.
A causa de la desidia del Estado y de los inversionistas se genera un conflicto social donde se podría crear mesas de diálogo, elaborar estrategias y políticas para una buena distribución y poner los parámetros de igualdad de oportunidades. Si bien es cierto que los beneficiados son activos importantes, no olvidemos que el mal uso de un recurso renovable nos conlleva a perder áreas de producción y extracción de materiales mineros petroleros u otros, creando un malestar socio ambiental.
Sr. Dejo,
A mi parecer, la frase Desarrollo Sostenible es bastante utópica, lo más práctico es decir Desarrollo Ambientalmente Viable considerando la tremenda brecha que existe aún entre países desarrollados y en desarrollo.
Con relación a los conflictos sociales, estos se presentan con mayor acentuación donde la buena comunicación y transparencia de actuación están ausentes. Las consultas previas que deben hacerse para dar el contenido y alcance de los proyectos en prevención y los que están en actividad se realizan en etapa de inmadurez social.
Es el órgano ambiental (como envolvente de los tres pilares del desarrollo: económico, social y ecológico) el encargado de realizar estas labores de sensibilidad, concienciar y educación ambiental para que los representantes del gobierno evalúen a los inversionistas y a los representantes de las comunidades donde desean instalar una actividad o corregir otras por incumplimiento de acuerdos en el plan de vigilancia señalados en los estudios de impacto ambiental.
Todo esto con la finalidad de que en las mesas de diálogo conozcan los temas a tratar y no sean desviadas a situaciones políticas muy ajenas de lo que es netamente técnico, social y ambiental, que es lo que concierne.
Creo que tanto el gobierno como el inversionista vienen trabajando pensando en su bienestar, el Estado quiere recaudar más impuestos y generar más trabajo, y el inversionista quiere tener estabilidad legal, jurídica, recuperar su inversión y ganar dinero, pero ¿quién de los 2 incluye en su enfoque lograr el desarrollo sostenible, mitigar los impactos ambientales, aumentar la calidad de vida o prevenir la contaminación?
Esas externalidades no son contabilizadas por ninguna de las partes. Sin embargo, deberían hacerlo, esa es la causa raíz. Tenemos leyes, un ministerio, gente profesional, pero seguimos teniendo el mismo enfoque de que "cada uno baila con su pañuelo" y no somos capaces de trabajar en equipo, todos hacia un mismo objetivo que es el desarrollo sostenible.
Los conflictos mineros o petroleros se han originado porque muchas empresas eran intocables o porque tenían arreglos con los gobiernos centrales, regionales y locales. ¿Quiénes eran los únicos perjudicados? La gente que vive en el área de influencia directa.
Homogenicemos y jerarquicemos los niveles y estándares de toma de decisiones, pasemos de lo cualitativo a lo cuantitativo, y hablemos con números si estamos alterando o no el medio ambiente y cómo se va a prevenir y/o remediar el área afectada para que mañana más tarde cuando la empresa se vaya, se trate de dejar todo como si no hubiese pasado nada, y a una población con altos niveles educativos, sociales y de salud.
Muy interesante el artículo, felicitaciones Dr. Dejo.
Al respecto hay que recordar que el Perú es minero en forma intensiva desde la colonia, los incas ya trabajaban los metales, pero no hacía extracción intensiva. También hay que tener en cuenta que la minería es, después de la guerra, la actividad antrópica más destructiva del medio ambiente.
Los conflictos sociales y el casi reciente "Baguazo" nos mostraron los resultados a los que lleva la ignorancia, la prepotencia, el abuso de poder y la más evidente falta de respeto a las mismas autoridades del gobierno a los grupos humanos nativos, posesionarios y residentes de la selva; no se cumplió los acuerdos de la OIT. Hasta hace muy poco tiempo las concesiones mineras y energéticas eran entregadas en Lima sin que las poblaciones y los alcaldes locales se enteraran de ello, eso era inadmisible.
Hoy, las normas OIT, la ley de consulta previa, las presiones sociales, el cambio climático y las preocupaciones ambientales hacen que la actividad minera se promueva y realice en condiciones más amigables, y más respetuosas con las poblaciones involucradas y el medio ambiente.
Ahora es más delicado sopesar los beneficios mineros (dinero) frente a los beneficios ambientales y sociales (salud, agricultura orgánica, tranquilidad, conservación y renovación de recursos y ambiente). Una correcta valoración de los beneficios y costos de la actividad minera hará más difícil su aceptación social, y esta actividad extractiva tendrá que ofrecer más beneficios de los brindados en la actualidad para hacerse más "amigable" social y ambientalmente.
Saludos.
El problema de las mineras es que no generan mucho empleo en dichas zonas, sólo unos cuantos y de los más básicos. Los agricultores se oponen además porque encarece la mano de obra y los alimentos de la zona, sumado al uso del agua, el cual está poco controlado por el MINAM y el Ministro del Ambiente. Los afectados directos, las comunidades de alturas, no son compensados adecuadamente y esto es una falla del gobierno y la Ley de Canon.