En el Estado coexisten 15 regímenes laborales regulados por 500 normas; existen 102 escalas remunerativas en 82 entidades públicas; 198 conceptos remunerativos y no remunerativos regulados por 400 normas; brechas salariales entre trabajadores que hacen las mismas funciones, simplemente por pertenecer a entidades distintas; abuso de contrataciones temporales, para empezar, el polémico régimen CAS que ya ocupa cerca de 225,000 trabajadores de 1'329,000 servidores públicos, según cifras de SERVIR.

Este contexto laboral exige simplificación, estandarización y el fomento de la carrera administrativa a partir de la meritocracia, que es el leitmotiv del RSC. El Estado necesita más trabajadores, pero mejor distribuidos a nivel nacional, más especializados, mejor capacitados y constantemente estimulados, para ser competitivo en la disputa por el talento con el sector privado.

El RSC apunta a reformar la política laboral del Gobierno Central, poderes Legislativo y Judicial, Gobiernos Regionales y Municipales (salvo los obreros), organismos constitucionalmente autónomos y reguladores, lo que suma aproximadamente 500,000 trabajadores. No se aplicará a las empresas públicas, al BCR ni a las carreras públicas especiales (magistrados, docentes del magisterio, militares, policías, diplomáticos, profesionales de la salud, etc.).

El proceso de reforma será progresivo y tomará 7 años. El pase al RSC de los regímenes 276, 728 y CAS será voluntario, el que quiera hacer carrera y mejorar remunerativamente podrá postular al concurso público para ingresar al RSC, en lo que será un reto y a la vez un riesgo, porque estará sujeto a evaluaciones anuales de rendimiento que, de no aprobar dos veces consecutivas, será causal de extinción de su vínculo laboral con el Estado. Respecto al personal CAS, es la oportunidad esperada para ingresar a la planilla pública.

El ingreso al RSC es por concurso público abierto a cualquier ciudadano para los puestos iniciales de la carrera administrativa. Luego, los servidores públicos solo concursarán entre ellos, de la misma u otra entidad, para cubrir los puestos vacantes de nivel superior al que ocupen, en un concurso transversal. Esto garantizará la consolidación de una auténtica carrera pública, como se da en países desarrollados.

El reto está planteado. Estaremos expectantes sobre qué ocurre con este proyecto de ley.

¿Cree usted que la Reforma del Servicio Civil, tal como está planteada, impedirá el ingreso al sector público por favores políticos?

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Ricardo Herrera

Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Derecho Constitucional (Pontificia Universidad Católica del Perú). Actualmente Socio Principal del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman y Olaya Abogados.

Profesor de la Maestría en Organización y Dirección de Personas de ESAN.