Los grandes proyectos de infraestructura pública, como en transporte, agua potable y saneamiento, energía, telecomunicaciones, salud, educación, entre otros, suelen requerir de un importante volumen de recursos financieros para su implementación.
Como en cualquier inversión, la implementación de los proyectos de infraestructura pública requiere también de financiamiento. La participación de la empresa privada, a través de las concesiones, ha sido relevante en las últimas décadas con el objetivo de reducir esta brecha de infraestructura.
Su participación ha permitido al país acceder a mayores fuentes y recursos de financiamiento de lo que hubiera podido hacerlo el Estado por sí mismo. La generación de recursos públicos es limitada e incluso toma buen tiempo. El Estado por sus propios medios o con el apoyo de algunas (sino pocas) entidades financieras, como las multilaterales o de fomento, seguramente, no podría cerrar dicha brecha en el plazo requerido.
En ese sentido, para la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura pública, la empresa privada, con el soporte de los financistas, requiere estructurar un financiamiento que sea atractivo para los futuros acreedores de tal forma que se encuentren en disposición de desembolsar recursos financieros.
En este proceso, las estructuraciones suelen considerar 'covenants' o compromisos de la empresa privada que ésta debe cumplir durante el periodo de repago de la deuda. El incumplimiento de los 'covenants' puede llevar a la aplicación de penalidades e incluso hasta la aceleración del pago del total de la deuda, complicando así la situación financiera de la empresa.
Entre los 'covenants' más requeridos se encuentran el ratio deuda/capital y el ratio de cobertura de servicio de deuda (RCSD). El ratio deuda/capital2 es un indicador de solvencia que se establece con el fin de controlar su capacidad de pago de obligaciones. A través de este ratio, se limita a la empresa a incurrir en más deuda. Por su parte, el RCSD3 mide el número de veces que los recursos disponibles de la empresa pueden cubrir el servicio de deuda. Este ratio se establece para controlar a la empresa en su capacidad de generación de liquidez.
En relación a ello, por ejemplo, en los grandes proyectos del sector de infraestructura de transporte, se han establecido precisamente estos 'covenants' en sus estructuraciones financieras. Así, en promedio, se han definido ratios deuda/capital máximos en un rango de 1.86(65% de deuda) a 3.00 (75% de deuda y el saldo en capital). En cuanto al RCSD, se han estipulado ratios mínimos con una desviación promedio de 1.25 a 1.35 veces.
De esta manera, resulta pertinente la consideración de futuros 'covenants' en las evaluaciones de los grandes proyectos de infraestructura de tal forma que permita su implementación y viabilidad en el plazo de la concesión. Seguramente, según la situación del mercado, el grado de exigencia de los 'covenants' puede cambiar. Aún así, su análisis puede ser contemplado.
Teniendo en cuenta esta propuesta, ¿cómo evalúa actualmente el financiar los grandes proyectos de infraestructura pública?
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1 AFIN. "Por un Perú Integrado: Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021". Lima. Octubre, 2012.
2 Medido como deuda financiera entre patrimonio.
3 Medido como flujo de caja operativo (o EBITDA más impuestos más variaciones en capital de trabajo) entre servicio de deuda.
Experiencia profesional de 20 años en posiciones de dirección, gerencia, consultoría y docencia, tanto en el sector público como en la empresa privada. Consultor e Investigador en estructuración, análisis de riesgos, financiamiento y evaluación de proyectos; cálculo de costos de capital y tarifas; adquisición y valorización de empresas. Ha sido Gerente de Contratos de Concesión en COSAPI S.A. Miembro del Consejo Directivo en OSINERGMIN. Ha ocupado cargos como Gerente Adjunto de Supervisión del OSITRAN; Gerente Administrativo de Servicio de Clínica; Asesor en el Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas; Asesor Financiero en Concesiones de Infraestructura de Transportes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. MBA por ESAN. Licenciado en Economía por la PUCP.
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