La administración directa es la opción de "hacer" en la decisión de "hacer-comprar" en la logística de obras públicas y constituye la alternativa de ejecutar con sus propios recursos (humanos, materiales y de equipos) las construcciones que se requieren como medio para atender alguna problemática que amerita la intervención del Estado vía inversión pública.

Sin embargo, vale preguntarse si en esta decisión se tienen en cuenta todos los aspectos que involucra asumir el rol de contratista en la ejecución de obra. No solo los técnicos, sino también los propios de su gestión. No olvidemos que la actividad de construcción, de por sí, ya es una actividad que implica un alto nivel de coordinación que requiere múltiples capacidades de gestión, como gestión de proveedores, abastecimiento (logística de obra), manejo de almacenes e inventarios, administración de planillas de construcción civil, gestión de los grupos de interés, además de la dirección técnica y supervisión de obra. 

Por ello, al decidirse por la administración directa, la entidad está asumiendo no solo los riesgos operativos de la ejecución de obra, sino también los de gerencia vinculados.

Ante esta realidad, los gestores de administración directa tienen que ejecutar las obras sujetándose al principio de legalidad con muy poco margen a la discrecionalidad, lo que hace bastante complicada la gestión de las obras bajo esta modalidad. 

Digamos por ejemplo que una entidad está construyendo un camino de tercer orden o vecinal (es decir, una obra relativamente pequeña) con una cuadrilla de obreros, un tractor propio y dos volquetes alquilados, y de pronto se malogra el tractor. El residente se comunica con la entidad para solicitar la reparación, va el mecánico y señala que es necesario adquirir unos repuestos y servicio de mano de obra especializada. 

La pregunta es: ¿Con qué partida presupuestal compramos esto? ¿Con cargo a la obra? No, la obra solo tiene presupuesto para los materiales, equipos y mano de obra. Y si se cubre con gasto corriente, ¿cuánto demorará el área de Logística en comprarlos? ¿Una, dos o tres semanas? ¿Y si por el monto se requiere una menor cuantía? Y mientras tanto, ¿cómo queda la obra? ¿Probablemente paralizada? ¿Y la planilla, y el pago de los volquetes alquilados? 

Tal vez allí está, entre otras, las causas de los sobrecostos frecuentes en este tipo de ejecución de obras y ni qué decir de las dilaciones de plazos de ejecución. Pero, otra pregunta que debemos hacernos es: ¿Cómo hubiera reaccionado en la misma situación un contratista (es decir, en el escenario de la opción "comprar" y no "hacer")? Muy probablemente, con el cambio inmediato de la maquinaria defectuosa, pues tener obreros o volquetes sin trabajar afectaría paulatinamente su utilidad. 

Entonces, ¿la decisión de "hacer o comprar" que realizan las entidades es completa o solo se basa en aspectos claramente políticos con todo lo que ello trae consigo: dilación de plazos, sobrecostos, ineficiencias, corrupción, obras inconclusas y otras consecuencias; es decir, será la mejor decisión en la pregunta "hacer" o "comprar" de la logística de obras públicas? 

Si se tienen las capacidades para la coordinación técnico-administrativa probablemente se administren los riesgos indicados y se lleguen a cumplir los objetivos de alcance-tiempo-calidad en las obras públicas; de lo contrario, mejor contratarlas.

¿Qué otros factores pueden generar sobrecostos o exceder los plazos en la ejecución de obras públicas?

Esta entrada contiene un artículo de:

Frank Mauricio

MBA, ESAN. Egresado de la Maestría en Gerencia de Proyectos por la

Universidad Nacional Federico Villarreal. Ingeniero Civil-UNI. PMP.

Desarrolla su labor profesional en el Sistema Nacional de Control en Gestión

de Portafolio de Proyectos y Control Gubernamental.

Profesor de la Maestría en Gestión Pública de ESAN