Concesiones y APPs: ¿Qué está pasando y qué nos espera?

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El año 2016 no fue bueno para las asociaciones público privadas (APP). Se retrasaron obras e inversiones de contratos ya firmados en años y gobiernos pasados, por incumplimientos del Estado y/o un comportamiento oportunista de los Concesionarios. Ante ello, el actual Gobierno ha iniciado el denominado destrabe, es decir la renegociación para que las inversiones atrasadas se ejecuten.

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A ello sumamos los arbitrajes perdidos, las controversias, las intervenciones del Poder Judicial interpretando contratos de APP como si fueran contratos de obra pública; generando pagos adicionales, compensaciones y otros por cientos de millones de dólares en perjuicio de los usuarios y del Estado. Esto crea la percepción de que las concesiones no son eficientes y cuestan mucho más que si los mismos proyectos se hubieran implementado como obra pública.

Estos resultados explican  los cambios al marco legal de las APP realizados por el gobierno anterior. Dichas modificaciones restringieron, retrasaron o truncaron más de 100 iniciativas privadas presentadas y procesos de concesión que pudieron adjudicarse.

Todo ello es lamentable y tiene un gran impacto en la economía, en los sobrecostos para las empresas y las personas. Que hoy cada vuelo nacional tenga un retraso de 30 minutos por la congestión del aeropuerto Jorge Chávez (operando al 150% de su capacidad con las ingentes ganancias que esto significa) genera un malestar hacia la aerolínea y pérdida de tiempo, dinero de empresarios y turistas. Que en la salida al norte de Lima a Ancón exista una vía de solo dos carriles que demora tres horas recorrer 40 kilómetros (por la cual se cobra uno de los peajes más caros en Sudamérica por kilómetro recorrido), concesionada por 30 años sin haber previsto la necesidad de ampliar carriles, es inaudito.

El incremento en casi 20% de las tarifas eléctricas industriales (que nos ha quitado la ventaja que teníamos respecto a Chile), el gasoducto del sur, el aeropuerto de Chincheros, las irrigaciones en el norte del país son ejemplo de sobrecostos adicionales, de errores de diseño contractual de la etapa licitatoria, y de la posterior administración de los contratos de concesión (los cuales hemos comentado en artículos anteriores) que se siguen repitiendo como lo indica el estudio que hizo la Contraloría al respecto en el año 2015.



¿Cómo explicar que se sigan repitiendo estos errores en las App? Equivocarse con recursos públicos generaría sanciones por lo cual es usual que en la administración pública no se haga un análisis ex post, no se haga críticas ni se generen lecciones aprendidas. Más bien se buscan justificaciones, se contratan consultorías o se presentan dichos proyectos como casos de éxito.

Errores que no deben repetirse

¿Cómo explicar que se sigan repitiendo estos errores, estimado lector?

Equivocarse con recursos públicos generaría sanciones por lo cual es usual que en la administración pública no se haga un análisis ex post, no se haga críticas ni se generen lecciones aprendidas. Más bien se buscan justificaciones, se contratan consultorías o se presentan dichos proyectos como casos de éxito: la transacción más costosa, la  más compleja, la de mayor extensión.

Al no identificarse o reconocerse los errores, estos se repetirán. Quienes participaron en dichos proyectos usualmente siguen trabajando en el tema, en el sector público o pasan a trabajar para los Concesionarios, siendo considerados especialistas o expertos que asesorarán a quienes implementarán las nuevas APP que el Perú requiere.

¿Qué podemos hacer al respecto? 

El nuevo marco legal ha incluido un análisis ex post de las Concesiones. Además, la Contraloría General de la República se ha involucrado y preparado para analizar las APP, realizando acciones de control (por lo cual ha sido muy criticada por todos los sectores como era de esperarse) que podrían contribuir a que no sigamos repitiendo errores e incluso "haciendo peores contratos que los contratos pioneros".

Sería un aporte importante que desde el concedente y los organismos reguladores se proporcionara información sobre la administración de los contratos, los requerimientos de los concesionarios, retrasos e incumplimientos, las solicitudes de arbitraje y de renegociación, que permitan la accountability, rendición de cuentas y la transparencia de información. Todo ello permitirá minimizar errores y comportamientos oportunistas.

Para el 2017 y los próximos años el panorama es alentador. Se anuncia el destrabe de las concesiones del Aeropuerto de Chinchero, de la red vial 6, del puerto de Pisco así como del aeropuerto Jorge Chávez. Esperemos que dichas renegociaciones se hagan técnicamente, respetando el equilibrio pactado en los contratos y no usando el marco conceptual y legal de obra pública.

El actual gobierno inspira confianza a los inversionistas y tiene como objetivo impulsar inversiones vía asociaciones publico privadas y concesiones para lo cual se ha modificado el marco legal con las facultades delegadas al Ejecutivo. Se espera nuevas concesiones en sectores como salud, educación, así como la licitación de proyectos que ya fueron priorizados y que están en manos de ProInversión, además de proyectos impulsados por gobiernos regionales o municipalidades.

¿Cómo identificaría y evitaría se repitan los errores de diseño y administración de las Concesiones y Apps? ¿El 2017 será un buen año para las concesiones?

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