Los países desarrollados las tienen claras, en cada oportunidad que pueden aprovechan la ocasión para obtener extensiones en el ámbito y los plazos de la protección que los estados ofrecen por derechos de propiedad intelectual. Esta protección se basa en una excepción al derecho a la competencia y al libre mercado para favorecer explícitamente a aquellas personas jurídicas y naturales que se dedican a la innovación y creación de nuevos bienes y servicios, opinó Santiago Roca, profesor principal de la Universidad ESAN.