Diversas medidas tienen que ser tomadas por las autoridades involucradas en el desarrollo y supervisión de las asociaciones público privadas (APP), según señala Enrique Cárcamo, profesor del curso Diseño y financiamiento de proyectos y APP del 3 PEE de ESAN. Como prioridad deben analizarse, resolverse o renegociarse los contratos firmados con empresas envueltas en casos de corrupción como (IIRSAS y Nuevas Vías de Lima), o aquellos que abarquen proyectos que estén paralizados (ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, Metro de Lima, Chavimochic, etc.), aplicando un criterio de obra pública y no de APP.
Por otro lado, el experto indica que "es indispensable analizar las pérdidas por cientos de millones de soles, en arbitrajes e instancias judiciales que usurparon las funciones de los organismos reguladores y se resolvieron, sin estar capacitados, en los fundamentos del funcionamiento de las APP". En esa línea, Cárcamo también señala como error la creación de la famosa opinión "no vinculante" de los organismos reguladores, la cual permitió que se hicieran renegociaciones de contratos ignorando la opinión especializada de éstos, dejándolos con un papel casi decorativo.
El actual gobierno aún tiene la oportunidad de corregir las señaladas deficiencias, así como de reducir los daños y perjuicios que se han venido dando durante los últimos 15 años.
"Tampoco se deben dejar de evaluarse las concesiones de servicios de agua y saneamiento, ya que presentan deficiencias en su diseño y adjudicatorios que no han cumplido con las inversiones ni las obligaciones a su cargo", refiere el especialista. Cabe indicar que el Ejecutivo se ha comprometido a impulsar la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento a toda la población, pues actualmente son más de 8 millones los peruanos que no cuentan con dicho servicio.
El docente recalca, finalmente, que el actual gobierno aún tiene la oportunidad de corregir las señaladas deficiencias, así como de reducir los daños y perjuicios que se han venido dando durante los últimos 15 años. El primer paso para la enmienda debe ser una profunda y abierta autocrítica.
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El actual gobierno aún tiene la oportunidad de corregir las señaladas deficiencias, así como de reducir los daños y perjuicios que se han venido dando durante los últimos 15 años.
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