Es común pensar que el Derecho y la Economía son dos disciplinas que estudian situaciones de la vida cotidiana con criterios y reglas distintas. Sin embargo, esta situación de aparente divorcio en la realidad no es tal.

Por lo menos podríamos decir que desde hace algún tiempo atrás se ha demostrado que entre los conceptos económicos y legales existe una clara y muy marcada vinculación.

En la década de los sesentas surgió en los Estados Unidos una metodología que pretendía aplicar los métodos de la ciencia económica al Derecho. Considerando que una herramienta común de la Economía es el análisis beneficio-costo, esta nueva metodología consistía en identificar los costos y beneficios de determinadas conductas humanas. Ahora bien, debe tenerse en consideración que el Derecho se sustenta en la regulación de la conducta. En tal sentido, el Análisis Económico del Derecho tiene por objetivo determinar los beneficios y costos del comportamiento de las personas.

Esta metodología intenta predecir las conductas humanas, partiendo de la premisa que por instinto las personas actúan sobre la base de incentivos; es decir, que tratan de conseguir el máximo de beneficios y procuran evitar en la medida de lo posible los costos. Conociendo esta manera instintiva de actuar de las personas, la metodología del Análisis Económico del Derecho sostiene que es posible encontrar fórmulas que permiten predecir cómo los seres humanos responderán ante determinados incentivos.

Siendo que el Derecho, como hemos mencionado, tiene por objeto la regulación de la conducta humana, es fácil imaginar las ventajas que significaría poseer una herramienta que permita predecirla. El trabajo de un legislador se haría mucho más sencillo si antes de dictar una norma legal pudiera identificar el impacto que ésta tendrá en la conducta de las personas que estarán obligadas a su cumplimiento. Por otro lado, si un juez, árbitro o autoridad administrativa, que tiene a su cargo la resolución de disputas, tuviera la posibilidad de anticipar el efecto en la conducta de las partes el sentido de su decisión, seguramente se sentiría mucho más confiado y seguro de sus resoluciones.

El objetivo es que los sistemas jurídicos sean eficientes, es decir, que al legislar no se generen desperdicios de recursos, incluyendo los incentivos necesarios para que esto suceda. Si el legislador tiene la capacidad de anticipar el comportamiento humano, tendrá la oportunidad de legislar de tal modo en que los recursos, que son escasos, sean aprovechados de la mejor manera para la satisfacción de las necesidades de los individuos, maximizando de esta manera el bienestar social y reduciendo al mínimo los costos.

Es responsabilidad de los Estados ser eficientes en el uso de sus atribuciones y la conjunción de los conceptos económicos y legales es una forma de conseguirlo.

¿Considera usted aplicable en Perú la metodología del Análisis Económico del Derecho expuesta por el profesor Fidel Rocha? ¿Por qué?

Fidel Antonio Rocha Miranda es profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN.