La empresa privada y el dinamismo en los proyectos de inversión

La empresa privada y el dinamismo en los proyectos de inversión

En un artículo anterior tratamos acerca del papel del Estado al recurrir a la empresa privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura. La empresa privada, en su búsqueda natural de rentabilidad, ha denotado mayor agilidad que el Estado en su accionar.

Por: Fénix Suto el 04 Junio 2012

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El mejor papel del sector privado se observa incluso revelando que la relación contractual de largo plazo (25 a 30 años) puede resultar desfasada y superada por una realidad cambiante, haciendo del proyecto poco adaptable en las condiciones de la situación original del diseño contractual. 

Las poblaciones crecen generando nuevas y mayores necesidades, los mercados cambian y hasta se desarrollan, la tecnología mejora e incluso acerca a las poblaciones y los mercados. A modo de ejemplo, la aparición o generación de nuevas oportunidades de negocio en la zona de influencia de la infraestructura despierta el interés de la empresa privada en realizar inversiones que permitan capturar dichas oportunidades. Sin embargo, estas pueden verse desestimuladas por las restricciones contempladas en el diseño contractual.

El diseño de las relaciones contractuales en estas condiciones se muestra estática en el tiempo, poco adaptable a los cambios, y generadora de eventuales desequilibrios en el cumplimiento de las obligaciones así como en las condiciones económicas y financieras. En la práctica, por ejemplo, de los 26 contratos de concesión suscritos a la fecha, sólo en el sector transportes, en el plazo de 17 años, se han renegociado 74 veces, generando adendas a los contratos, lo que ha significado casi tres adendas por contrato o poco más de cuatro adendas por año. 

Si bien la consideración de la distribución y asignación de riesgos resulta relevante para la minimización de eventuales impactos negativos sobre la viabilidad del proyecto, se estima que resultaría aún más preponderante concentrar la atención en la incorporación de incentivos que permita optimizar de mejor manera los beneficios o impactos positivos de la ejecución del proyecto.

Si el diseño de la relación contractual entre el Estado y la empresa privada enfatizara la generación y administración de incentivos, dicha relación se volvería dinámica durante el desarrollo del proyecto y promovedora de cambios, incluso antes de que estos se presenten en la realidad. Los incentivos constituyen una fuente de motivación autónoma, centrada en el logro de objetivos o resultados, que conllevan seguramente alguna razonable compensación, por lo que generan una acción proactiva con el fin de alcanzar tales logros. 

Cabe precisar que esta perspectiva de incentivos no se sustenta sólo en un diseño positivo de la relación o el accionar de los participantes (recompensa), sino, eventualmente, también de contramedidas que -en todo caso- desincentiven una relación o un accionar perjudicial para la ejecución y viabilidad del proyecto.  

La elaboración de un diseño contractual con una perspectiva centrada en incentivos constituye seguramente un reto mayor. En primer lugar, se requiere identificar los incentivos de cada participante, lo cual puede ser diverso, pero más aún incluso disímil entre las partes.

Luego, corresponde definir la serie de elementos que determinan la generación o disminución de los incentivos. Finalmente, se precisa desarrollar la administración de los incentivos a través de una relación contractual que armonice su cumplimiento e integre las distintas obligaciones de los participantes en el proyecto.

Sobre este diseño, se debe reconocer que resulta aún más desafiante regular la actuación del Estado. El funcionamiento del Estado suele presentar una serie de deficiencias, lo cual puede entorpecer o dificultar la incorporación de un esquema de incentivos en una relación contractual con la empresa privada.

Sin embargo, es posible sugerir que más bien este tipo de construcción justamente encausaría una actuación del Estado más efectiva, pues haría que los procesos y las decisiones en la entidad pública se adecúen hacia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

De esta manera, la generación y administración de incentivos en el diseño de la relación contractual entre el Estado y la empresa privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura y la prestación de servicios públicos permitirían que estos adopten un desempeño más dinámico y efectivo.

La experiencia en la gestión de los contratos de concesión en infraestructura pública muestra que la sola consideración de la distribución y asignación de riesgos no resulta suficiente para que la relación contractual se ejecute de manera armoniosa y eficiente.

La incorporación de un diseño contractual con una perspectiva de incentivos permitiría que los participantes se desenvuelvan con mayor eficacia, logrando una ejecución del proyecto en consonancia con el devenir de la situación del país y, más precisamente, las zonas de influencia de cada proyecto.

¿Cree usted que el sector privado contribuye eficientemente en el dinamismo de las obras de infraestructura pública?

Esta entrada contiene un artículo de:
Fénix Suto
MBA, con mención en Finanzas, ESAN. Economista, Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, se desempeña como funcionario del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN). 
Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN

Fénix Suto

Experiencia profesional de 20 años en posiciones de dirección, gerencia, consultoría y docencia, tanto en el sector público como en la empresa privada. Consultor e Investigador en estructuración, análisis de riesgos, financiamiento y evaluación de proyectos; cálculo de costos de capital y tarifas; adquisición y valorización de empresas. Ha sido Gerente de Contratos de Concesión en COSAPI S.A. Miembro del Consejo Directivo en OSINERGMIN. Ha ocupado cargos como Gerente Adjunto de Supervisión del OSITRAN; Gerente Administrativo de Servicio de Clínica; Asesor en el Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas; Asesor Financiero en Concesiones de Infraestructura de Transportes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. MBA por ESAN. Licenciado en Economía por la PUCP.

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