Los riesgos de cambiar el régimen agrario

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Desde hace algunos meses la política agraria vigente en nuestro país es objeto de cuestionamientos desde las esferas del gobierno y del Congreso, donde existen varios proyectos de ley que están intentando modificar la Ley de Promoción del Sector Agrario. Incluso el presidente Humala realizó un llamado a las empresas agroexportadoras.

Si bien en este momento existen empresas en el rubro de agroexportación que no cumplen con lo dispuesto por la Ley de Promoción del Sector Agrario, la solución no va por cambiar el régimen agrario. Lo que tendría que hacerse es desplegar supervisores o crear regímenes de control para que las empresas mencionadas cumplan con la ley.

En ese sentido, José Chlimper, exministro de Agricultura, ha esbozado una propuesta muy interesante que condiciona la devolución del drawback al cumplimiento de la ley por parte de las agroexportadoras. Ello generaría un compromiso y, a la vez, un aliciente para que éstas se manejen adecuadamente, trabajen en el desarrollo urbanístico y mejoren los niveles de satisfacción laboral de sus trabajadores.

¿Es necesario modificar una política agraria que ha demostrado tener un éxito rotundo desde su implementación? Creemos que no. Veamos cuáles han sido sus alcances y los logros conseguidos en la última década.

Entre los años 90 y comienzos de siglo nuestro país mostraba un profundo déficit en su balanza comercial, debido a la gran cantidad de alimentos (US $2,000 millones) que se importaba para cubrir las necesidades de la población. En el 2002 se promulgó el Reglamento de la Ley de Promoción al Sector Agrario, que con el tiempo se haría extensivo a la acuicultura y ganadería. Gracias a la aprobación de esta norma es que se pasó de una balanza comercial deficitaria a una superavitaria, es decir, ahora exportamos más de lo que importamos.

Esto demuestra que la mencionada ley ha tenido éxito, y no solo en las cifras macroeconómicas. También ha permitido la formalización de un sector que en su momento se decía era el más informal del país. En adición a ello, las condiciones de trabajo existentes antes de la ley han mejorado ostensiblemente con su promulgación.

Por ejemplo, se ha aumentado el salario promedio que reciben los trabajadores agrarios, pasando de S/. 12 en la década del 90 a S/. 35 en la actualidad. Es decir, se ha triplicado el pago por jornal. Incluso en ciudades como Ica y Trujillo hay empresas que ofrecen contratos labores con pagos por encima de los S/. 40 debido a la falta de mano de obra.

sumilla_chirinos_agrario1.jpg Estamos de acuerdo con que si un sector sufre de ciertas deficiencias debe buscarse soluciones para mejorar su eficacia, como es el caso del pedido por parte del Ejecutivo para ejercer facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. Ahí entendemos que hay que buscar formas de remediar los problemas, mediante la legislación, que debilitan la acción de uno u otro sector.

Finalmente, el análisis para modificar tan exitosa ley no ha sido hecho bajo estándares económicos sino bajo un contenido político, lo cual, estamos seguros, nos llevará a consecuencias poco favorables.

¿Coincide usted con el profesor Chirinos en que la Ley de Promoción Agraria ha mejorado la situación del sector y de sus trabajadores?



Esta entrada contiene un artículo de:
Octavio Chirinos Valdivia
Profesor del área de Finanzas, Contabilidad y Economía Ph.D (c) in Economics, Massachussets Institute of Technology, USA. Economista, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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