Una luz al final del túnel de la inversión de los gobiernos regionales

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En los últimos años se habla de la ineficacia de los gobiernos regionales al desarrollar grandes obras de infraestructura, ya que devuelven alrededor del 50% del presupuesto al Tesoro Público. Esto refleja que hay mucho dinero no usado, pero también una necesidad de inversión en infraestructura. ¿Por qué los gobiernos regionales tienen este problema de ejecución?

Si nos ceñimos a las estadísticas, notaremos que en los últimos cinco años el 98.5% de los proyectos presupuestados por los gobiernos regionales estimaban una inversión menor a S/. 10 millones. Y de éstos, el 75% fluctuaba alrededor del millón de soles. Ello refleja que los gobiernos regionales están concentrándose en realizar muchos proyectos pequeños, y poquísimos (casi ninguno) grandes. 

Probablemente este fenómeno sea originado por un interés político orientado a focalizar las inversiones, buscando así lealtades locales. Se suman a ello los engorrosos procesos de licitación y contratación, además de la limitada capacidad que se tiene de técnicos y especialistas.

Esto último ha sido alentado por la norma del SNIP, la cual establece que los proyectos de inversión menores a S/. 10 millones se declaran viables solo con la presentación y aprobación del perfil del mismo, mientras aquellos que superen esta valla, además de pasar por esta etapa, deben presentar un estudio de factibilidad y, después de éste, un expediente técnico. 

Los gobiernos regionales han interpretado este tope como un instrumento para ejecutar inversiones de forma más rápida. Ello explicaría que hayan venido optando por proyectos de bajo presupuesto, los cuales, pasando por todas sus etapas, incluyendo la licitación, estarían listos para ser ejecutados en el plazo de un año.

Sin embargo, la evidencia muestra que terminan ahogándose en muchos proyectos pequeños, y ejecutando solo el 50% de lo presupuestado. La pregunta es: ¿hacer un proyecto de gran envergadura tomaría mucho más tiempo antes de empezar su ejecución?

Una solución para que se ejecuten proyectos de infraestructura, sin que se tenga que devolver la mitad del presupuesto todos los años, es que se promuevan proyectos de gran envergadura y que sean ejecutados mediante una APP (Asociación Público Privada), probablemente cofinanciada. Esto permitiría aprovechar el conocimiento y la experiencia del sector privado en estas obras y se podrían trasladar riesgos al sector privado.

Otra ventaja de ejecutar un proyecto bajo esta modalidad es que no solo se garantiza la construcción de la infraestructura, sino que se asegura el mantenimiento y la continuidad en el largo plazo de la misma.

Esto ayudaría a los gobiernos regionales a construir carreteras que interconecten distintas provincias, resolver problemas del agro a través de proyectos de irrigación, construir plantas de tratamiento de aguas residuales, etc. Sin embargo, para ello, se requiere de la voluntad política de los gobiernos regionales y desterrar la idea de que tan grandes proyectos no podrán ser culminados durante su periodo gubernamental, y por lo tanto, los resultados de ellos se verían recién en la siguiente gestión. Se debe pensar en el largo plazo del país, y ello solo se consigue con proyectos de gran envergadura.

sumilla_albujar_gobiernos.jpg En términos de plazo, en un comienzo se estaría ahorrando tiempo al obviar el tema del expediente técnico, pues éste tendría que ser elaborado por la compañía que se adjudique la APP. Además, elaborar el perfil (licitarlo, elaborarlo y aprobarlo) no debería demorar más de cuatro meses. En realidad, la única diferencia de plazos estaría relacionada al tema de los estudios de factibilidad y la adjudicación de la APP al sector privado, procesos que podrían ser manejados en tiempos razonables, en torno a un año. 

Por lo tanto, si hacemos el cálculo, vemos que en poco más de un año se estaría empezando a ejecutar un proyecto de gran envergadura, con lo cual se beneficiaría a muchas más zonas de cada región, invirtiendo la totalidad del presupuesto y generando un impacto social y político mayor. A diferencia de las APP que lleva a cabo Proinversión, las cuales requieren aprobaciones de medio mundo, en los gobiernos regionales podrían ser más expeditivas, ya que las aprobaciones se circunscriben mayormente a ellos mismos. Como se mencionó anteriormente, es cuestión de voluntad política y contar con los cuadros técnicos adecuados.

En su opinión, ¿la opción propuesta es la solución adecuada para los graves problemas de ejecución presupuestal que padecen los gobiernos regionales?



Esta entrada contiene un artículo de:
Alex Albújar Cruz
Profesor del área de Finanzas, Economía y Contabilidad de la Universidad ESAN. MBA, ESAN. Ingeniero Industrial, Universidad de Piura, Perú. Se ha desempeñado como director de Proyectos en Proinversión. Ha sido Jefe de Finanzas en ESAN y Jefe de Operaciones en Proinversión.
Profesor de la Maestría en Finanzas de ESAN
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