Por el lado del gobierno nacional se ha avanzado con las Asociaciones Público Privadas (APP) en carreteras, aeropuertos, puertos, turismo, saneamiento y otros. Sin embargo, en el ámbito de los gobiernos locales las experiencias han sido pocas y no todas las realizadas fueron exitosas.

El mejor ejemplo es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que hace un buen tiempo se dio cuenta que una de las formas de crecimiento económico y de llegar a satisfacer mejor las necesidades de la población era realizando alianzas con el sector privado mediante la estructuración de proyectos de inversión con el financiamiento de la empresa privada.

Para ello, la MML se organizó internamente. Creó una gerencia específica (GPIP), capacitó a sus funcionarios en APP's e identificó los proyectos de inversión en los que consideró que sin la ayuda y aporte del sector privado, difícilmente podrían ser realizados mediante administración directa en el corto y mediano plazo.

Así es como se viene trabajando en algunos proyectos de mejora de la infraestructura vial, recuperación de áreas públicas, puesta en valor de infraestructura, transporte público, entre otros, en los que la empresa privada se ha convertido en el principal aliado para lograr que estos proyectos se puedan desarrollar.

Otros municipios han apostado por alianzas con el sector privado para proyectos de estacionamientos subterráneos, terminales terrestres, plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, recolección de residuos sólidos, entre otros. Sin embargo, muchos otros aún no han dado ese gran paso y miran con temor y recelo la posibilidad de que la empresa privada pueda participar en aquellas actividades y se resisten a que el Municipio deje de ser el actor principal.

¿Las razones? Podemos ensayar algunas respuestas: (i) falta de capacidad de gestión; (ii) falta de interés; (iii) falta de presupuesto; (iv) celo político; (v) oposición de los vecinos; (vi) falta de información.

Las razones esgrimidas resultan válidas, atendibles y pueden ser superadas fácilmente. Eso es lo que se persigue con una APP. La capacidad de que los funcionarios de gobierno y la empresa privada puedan conversar y ponerse de acuerdo en sacar adelante proyectos de inversión que beneficien no solo al municipio y a la empresa privada, sino principalmente a los vecinos.

Es por esa razón que los vecinos deben ser escuchados y para eso están representados por los regidores. La normativa ya existe, no hay necesidad de dictar nuevas normas (para eso se dictó la Ley de Promoción de Inversión Descentralizada). Lo que falta es la articulación de políticas, necesidades e intereses.

Los proyectos de inversión no pueden ser estructurados en función del partido de gobierno ni del alcalde de turno. Los proyectos trascienden a los alcaldes y a sus regidores, pero no a los vecinos. No resulta admisible que después de suscrito un contrato que contó con la aprobación del alcalde y de sus regidores (y por tanto de los vecinos), se le coloquen trabas a la empresa privada. Una vez suscrito el contrato, su ejecución debe ser de interés de todos y existe el deber, no solo de la empresa privada, sino de los funcionarios del gobierno local, de contribuir para que dicho proyecto se lleve adelante y sea exitoso.

La empresa privada es un potencial excelente aliado de las Municipalidades y los proyectos no pueden bloquearse por razones políticas o de intereses partidarios. Mediante las APP´s se pueden obtener logros a mediano y largo plazo en beneficio de la comuna y nos corresponde a todos hacer nuestros mejores esfuerzos para que ello se logre.

¿Cree usted que el modelo de APP continuará expandiéndose en el ámbito de las gestiones municipales?

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Miguel Sánchez

Maestría en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Universidad de Lima. Actualmente es socio del Estudio Rosselló.
Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN