Proyectos de infraestructura en entornos "burocráticos"

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Es común encontrar en las noticias vinculadas a la ejecución de la inversión pública, comentarios y/o quejas respecto a que el esquema normativo del sector público impide y/o condiciona la rapidez del proceso de toma de decisiones en la ejecución de proyectos y, por ende, se afecta la capacidad de gasto del Estado.

proyectos_infraestructura.jpg Sin perjuicio de reconocer que, efectivamente pueden haber muchos aspectos por mejorar en la gestión pública en general y específicamente en la gestión de proyectos, en este artículo analizaremos el entorno en el que se desenvuelve el gerente de proyectos en el Estado, tratando de entender cómo sus decisiones deben concordar con las disposiciones normativas, para equilibrar en su gestión el logro de objetivos del proyecto con el cumplimiento legal.

Como es conocido, en todo proyecto -sea de carácter privado o público-, el gerente de proyecto debe lograr los objetivos del "triángulo del éxito": costo, tiempo y alcance; es decir, las variables "técnicas" del proyecto. Sin embargo, si los recursos involucrados son "públicos", entonces la gestión de proyectos incorpora otras variables a manejar, producto de las características especiales de dichos recursos. Estas pueden considerarse como las variables "administrativas", propias del entorno del sector público.

Como bien lo plantea el Project Management Institute en su PMBOK Government Extension, los proyectos públicos requieren ser gestionados en el marco especial que le proporciona el carácter público de los recursos, que implica lineamientos específicos de gastos en la Administración Financiera, además de la sujeción a los principios de legalidad y transparencia en la gestión pública.

Estas "reglas de juego" conllevan a que en todo gasto intervengan las disposiciones de los Sistemas Administrativos del Estado, entre otros, los de presupuesto, contrataciones, contabilidad, tesorería, SNIP, control, endeudamiento y otros.

Además, condiciona a que la toma de decisiones en la gestión del proyecto tenga como base el Principio de Legalidad, por lo cual el gerente de proyecto y su equipo gastarán solo en lo que esté expresamente autorizado y las decisiones que tomen deberán ajustarse a ley, sin que ello implique privilegiar el cumplimiento normativo antes que el logro de los objetivos o viceversa; es decir, debe "equilibrar" su accionar.

Asimismo, el hecho de que los recursos sean públicos implica que, en todo momento, la gestión del proyecto debe "rendir cuentas", sea mediante los sistemas de monitoreo y seguimiento, o información en el sitio web de la entidad, dando "transparencia" a la gestión. En otras palabras, el gerente de proyectos en el sector público deberá lograr los objetivos manejando tanto las variables "técnicas" como "administrativas".

sumillas_mauricio_infraestructura.jpg Por ejemplo, si requiere modificar el costo de un proyecto durante su ejecución, la decisión deberá basarse en un análisis que conjugue lo que implica esta variación para el presupuesto del proyecto y la entidad (¿tendrá cobertura presupuestal?), para el SNIP (¿será una modificación sustancial o no sustancial?, ¿superará los límites normativos que impliquen verificar la continuidad de la viabilidad del proyecto?), si se trata de una obra por contrato (¿la modificación podrá aprobarse solo por la entidad o requerirá la autorización de la Contraloría?) y también para los sistemas de contabilidad y tesorería por los asientos contables y registros financieros correspondientes, sin perjuicio de las acciones de Transparencia y Rendición de Cuentas por los cambios efectuados; es decir, una decisión con base en las disposiciones normativas que tienen inherencia legal en la misma.

Como podemos observar, tal vez la causa de una baja capacidad de gasto no esté necesariamente vinculada al entorno normativo en sí, sino más bien en la necesidad de comprender y equilibrar mejor la gestión de proyectos con la operatividad de los Sistemas Administrativos del Estado.

¿Cree usted que el verdadero problema de la baja ejecución en el Estado se debe al desconocimiento de los funcionarios públicos o ve necesario un cambio en las normas?



Esta entrada contiene un artículo de:
Frank Mauricio
MBA, ESAN. Egresado de la Maestría en Gerencia de Proyectos por la
Universidad Nacional Federico Villarreal. Ingeniero Civil-UNI. PMP.
Desarrolla su labor profesional en el Sistema Nacional de Control en Gestión
de Portafolio de Proyectos y Control Gubernamental.
Profesor de la Maestría en Gestión Pública de ESAN
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