El organismo estatal pretende premiar el desinterés de las empresas privadas en realizar exploraciones y elevar las reservas existentes, prorrogando los correspondientes contratos por otros 10 años más. Si en 20 años solo se han dedicado a extraer las reservas probadas del petróleo nacional, generando un déficit de miles de millones de dólares al Estado, quien asegura que en 10 años más no se van a dedicar a hacer más de lo mismo. 

El impacto económico del desastre privatizador

Uno de los más prolíficos y acuciosos investigadores del sector petrolero en el país, Jorge Manco Zaconetti, ha demostrado en innumerables artículos las cifras del desastre económico que ha significado la privatización de los activos de Petroperú y las circunstancias sombrías en que se realizó el proceso privatizador durante el gobierno de Alberto Fujimori. En un artículo anterior, "El Fracaso de la Política de Privatización Petrolera", se demostró que las empresas petroleras privadas, encargadas de la exploración y explotación del petróleo peruano, son culpables de arrastrar al país a una situación de dependencia energética indeseable, complicada y peligrosa, puesto que se han dedicado a invertir exclusivamente en desarrollar pozos de explotación y mínimamente han realizado prospecciones para elevar las reservas existentes. 

Desde la época de privatización hasta finales de septiembre del 2013, la producción diaria de petróleo se ha reducido desde unos 120 mil barriles diarios en 1996 a poco más de 62 mil barriles diarios a finales de septiembre de 2013. La reducción de producción de petróleo es una de las causas del aumento de importaciones para satisfacer la creciente demanda del país. Según Germán Alarco, investigador de la Universidad del Pacífico, el coste económico de las importaciones en el año 2013 sería de 6500 millones de dólares en petróleo y derivados mientras que en el año 2012 se alcanzó la cifra de 5000 millones de dólares. 

No existiría ningún inconveniente a esta delicada situación si los miles de millones de dólares gastados en la importación del crudo y derivados se trasladasen directamente a los consumidores directos de tan escaso y preciado recurso. El asunto es que la volatilidad de los precios de petróleo y sus derivados en la década pasada obligó al Estado a crear un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en el año 2004, que inicialmente pretendía amortiguar las oscilaciones de los precios durante 180 días, pero terminó convirtiéndose en una herramienta de subsidio estatal, que ya ha gastado hasta la fecha más de 8000 millones de soles en subsidiar los precios de los combustibles. 

El Estado cubría la diferencia del constante incremento del petróleo experimentado desde el año 2002. Es decir, los impuestos de los ciudadanos se empleaban para satisfacer los altos precios del petróleo por la compra de petróleo nacional e importado. Los principales beneficiarios del mencionado Fondo de Estabilización de Combustibles fueron los pudientes segmentos de los estratos económicos más altos del país, las empresas de transporte de mercancías y personas así como las empresas privadas que vendían el crudo nacional a Petroperú a precios internacionales. Ya en el año 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas reconoció que el subsidio a los combustibles beneficiaba a las hogares más pudientes del país, así el 20 por ciento de los hogares más ricos del Perú se benefician 8 veces más que los hogares más pobres.

Por otro lado, según Jorge Manco Zaconetti, entre 1997 y 2012, PetroPerú ha pagado más de 14 mil millones de dólares por el crudo nacional producido en las concesiones otorgadas a las empresas privadas. En ese periodo, el precio promedio pagado por cada barril de petróleo nacional fue de aproximadamente 109 dólares. En resumen, extracción de petróleo asegurado por las reservas probadas existentes y venta asegurada a la empresa estatal Petroperú. Sin duda un negocio muy rentable para las empresas privadas, ahora se entiende el porqué de la comprensible insistencia en obtener una prórroga de los contratos.  

Cronología de las prórrogas indebidas

El gobierno de transición de Valentín Paniagua entre 2000 y 2001 permitió la modificación del contrato de servicios por un contrato de licencia en el Lote 1-AB. La empresa PlusPetrol Norte sustituyó a la OXY y extendió el contrato hasta el año 2015, cuando debería haber finalizado en el año 2001. La producción del Lote 1-AB o Lote 192 se ha reducido desde unos 28 mil barriles diarios en 2006 a algo más de 15 mil barriles en el año 2012, figura 1. En octubre del año 2013, la producción promedio diaria del Lote 1-AB fue de 13 mil 195 barriles, según información de Perúpetro. El precio por la venta del crudo del lote 1-AB a 100 dólares  el barril se valoriza en casi un millón 320 mil dólares al día. Más de 480 millones de dólares al año. Asimismo, las tasas de regalías del Lote 1-AB fueron modificadas durante la negociación realizada en el año 2001 por el nuevo operador PlusPetrol Norte y se redujeron a un 28,3%.  

Figura 1: Evolución de la producción diaria del Lote 1-AB entre 2005 y 2012. La República

En la tabla 1, se presentan las reservas del Lote 1-AB, según el "Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos" publicado por el Ministerio de Energía y Minas a 31 de diciembre del año 2012, las reservas totales probadas desarrolladas y no desarrolladas del Lote 1-AB son superiores a 112 millones de barriles, es decir, presenta una valorización económica - a 100 dólares por barril - igual a 11 mil 200 millones de dólares. Si el Lote 1-AB revierte a Petroperú, no solo hay que dedicarse a la extracción de las reservas probadas, tal como lo han hecho las empresas privadas en los últimos 20 años, sino a realizar exploraciones para incentivar la producción adicional de petróleo en el mencionado Lote.

Tabla 1: Reservas de petróleo en los Lotes en explotación a 31 de diciembre del año 2012. MEM

La extracción del petróleo lo puede hacer cualquier empresa de servicios petroleros bajo la modalidad de contrato por servicio, de la misma forma que actúan las grandes empresas petroleras internacionales. Es decir, el traspaso de las funciones de explotación solo implica un cambio de dueño y de cuenta bancaria sin necesidad de interrumpir la operación sin riesgos y sin jugar a la ruleta rusa. No existe ninguna razón técnica o económica para entregar esa suculenta renta petrolera a las empresas privadas, que además no han invertido en exploración solo se han dedicado a extraer el petróleo sin pensar en el interés nacional.

El gobierno de Alan Garcia continuó con esta curiosa forma de incentivar la inversión privada en el sector petrolero y la participación de empresas privadas en un sector estratégico. En contra de todas las normas básicas de transparencia y competitividad, que tanto defienden los paladines del neoliberalismo y el libre mercado, se prorrogó el contrato de explotación del Lote I y V en manos de una empresa filial de la Constructora Graña y Montero sin licitación alguna y sin analizar ninguna propuesta alternativa. Por cierto, Grama y Montero es una empresa petrolera privada con una inusual experiencia contrastada en el negocio petrolero durante decenas de años. El contrato vencía en el año 2011, pero se prorrogó a dedo, sin análisis técnicos y económicos serios en marzo del año 2010 hasta el año 2021. 

La producción en los Lotes I y V, según información de Perúpetro, alcanzó en promedio en octubre del año 2013 unos 1508 barriles de crudo al día. La valorización económica por la venta  del crudo de los Lotes I y V - a 100 dólares por barril - superaría los 150 mil dólares al día, casi 55 millones de dólares anuales de ingresos por la venta del crudo. Las regalías de los Lotes I y V son relativamente bajos, 25,56% y 31,72%, respectivamente. Las reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas de ambos Lotes superan los 17 millones de barriles, según la tabla 1, lo que supondría unos ingresos esperados por la venta - a 100 dólares por barril - de 1700 millones de dólares.   

Puesto que, al parecer, en el país no existe responsabilidad ulterior por este tipo de artilugios legales, la prórroga de los contratos del Lote I y V se negoció sin discusión pública y sin analizar posibles alternativas a través de una licitación internacional. Es posible que estas prórrogas puedan ser defendibles legalmente pero no tiene ninguna legitimidad y demuestran el interés de Perúpetro en permitir que continúe una descarada extracción de un recurso natural escaso y primordial para el normal funcionamiento de las actividades económicas del país.

El Lote 1-AB de PlusPetrol Norte y los Lotes I y V de Graña y Montero juntos representan una producción promedio diaria de 14 mil 703 barriles de crudo ligero, que valorizados en ingresos por ventas anuales - a 100 dólares el barril - superarían los 536 millones de dólares. En conjunto, los mencionados Lotes disponen de reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas superiores a 129 millones de barriles de petróleo ligero, que a un precio de venta - a 100 dólares el barril - supondría una valorización económica potencial de 12 mil 900 millones de dólares.

En relación a los Lotes II, III, IV, VI/VII y IX cuyos contratos o han vencido o vencerán en próximos años, y que deberían revertir automáticamente a Petroperú, presentan situaciones distintas y diferenciadas. El Lote II operado por la empresa Monterrico contribuye con tasas de regalías de 51,4% solo superada por el Lote operado por la empresa de la Universidad Nacional de Ingeniería, Unipetro.  Los Lotes III y IV, operadas por la empresa petrolera noruega Interoil, así como el Lote IX, operado por Unipetro, cuyos contratos finalizaban en marzo del 2013, han recibido una absurdo y controvertida prórroga de dos años, tiempo insuficiente para recuperar cualquier inversión a realizar. Por tanto, es previsible esperar una reducción de la producción en los Lotes III, IV y IX. El Lote VI/VII es operado por la empresa estatal china Sapet, que paga reducidas tasas de regalías de 12,75% y que se ha visto salpicada por acusaciones de maltrato a la fuerza laboral e inadecuado mantenimiento de las instalaciones. 

Los Lotes II, III, IV, VI/VII y IX, según la información de Perúpetro, presentaron en el mes de octubre de 2013 una producción promedio diaria de 6427 barriles, que presenta una valorización económica - a un precio de 100 dólares por barril - igual a 642 mil 700 dólares diarios, lo que representaría un ingreso anual superior a 234 millones de dólares. Si a estos Lotes se le suma el ingreso de los Lotes I-AB y los Lotes I y V, el ingreso anual por ventas del crudo superaría los 770 millones de dólares. 

Las reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas de los Lotes I, II, III, IV, V, VI/VII, IX y I-AB, según la tabla 1 superan los 193 millones de barriles, lo que supondría un ingreso por ventas - a 100 dólares el barril - superior a 19 mil millones de dólares. Un monto económico potencial nada desdeñable. Las ganancias netas de Petroperú por la gestión, exploración, explotación y refino de esas reservas permitiría a la empresa estatal abordar innovadores proyectos de transformación energética, dirigidos a iniciar un proceso de desacoplamiento de la dependencia del petróleo e invertir en proyectos sociales en las zonas dueñas del recurso y hasta ahora eternamente postergadas. Para muestra un botón, casi el 80% de la población de Talara está por debajo del nivel de pobreza y extrema pobreza. 100 siglos de explotación petrolera no ha revertido en la mejora de las condiciones de vida de los verdaderos dueños del recurso

Es importante indicar que los Lotes I-AB, los Lotes I y V y los Lotes II, III, IV, VI/VII y IX son considerados campos marginales, es decir, campos maduros que necesitan de inversiones adicionales para recuperar el petróleo de los pozos en explotación existentes con ayuda de técnicas modernas. La tendencia actual de evolución de los precios del crudo internacional dista mucho de la existente durante el proceso privatizador y en el que las negociaciones se llevaron a cabo en una situación muy compleja del país con bajos precios del petróleo y con regalías adaptadas a esas condiciones. Hoy, la situación se ha revertido y los altos precios del petróleo permiten amortizar rápidamente las inversiones de explotación. Según Jorge Manco Zaconetti, la empresa Petrotech no invirtió un dólar en el Lote Z-2B, puesto que la empresa se capitalizó con los ingresos de la producción de petróleo.

No existe ninguna explicación sería que justifique la entrega de los campos marginales a las mismas empresas privadas que durante 20 años solo se han dedicado exclusivamente a extraer el petróleo del subsuelo sin hacer importantes inversiones en exploración y deslizando al país hacia una situación de alta dependencia energética por la inexorable reducción de la producción nacional de petróleo. 

La solución más acorde con los intereses estratégicos nacionales y con el fortalecimiento de la empresa estatal es que los Lotes, analizados en el presente artículo, reviertan a Petroperú y se proceda a establecer nuevas condiciones a los futuros contratos petroleros a través de un proceso de licitación internacional. No obstante, y es muy importante incidir en este punto, resulta imperativo abordar una reforma radical en Petroperú que extirpe el cáncer de la corrupción y aclare las denuncias de sueldos estratosféricos de algunos gerentes de la empresa pública y otras corruptelas y malos manejos. Es necesario imprimir una gestión moderna basada en resultados y objetivos y blindarla del clientelismo político de los gobiernos de turno. 

Si prevalece la defensa de los intereses nacionales, a la producción de los Lotes a revertir a Petroperú se debería añadir la producción esperada del Lote 64, ya en manos de Petroperú, con unas reservas probadas no desarrolladas de más de 31 millones de barriles. Se espera que en el Lote 64 la producción alcance los 7600 barriles diarios en el año 2016, según informó el Presidente de Petroperú Héctor Reyes en mayo del 2013. En total, en unos años la producción de petróleo correspondiente a Petroperú podría superar los 28 mil barriles diarios.

Asimismo, es importante evaluar las denuncias sobre las irregularidades asociadas al contrato del Lote Z-2B y a la producción de crudo en ese lote. En caso de verificarse las inadmisibles situaciones denunciadas, el Lote Z-2B deberá  revertir a Petroperú. En el año 1992, la producción de petróleo en el lote Z-2B era superior a 20 mil barriles diarios. En octubre de 2013, la producción promedio diaria fue de 10621 barriles. Las reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas en el Lote Z-2B superan los 88 millones de barriles. La devolución del Lote Z-2B permitiría a Petroperú tener una producción en el año 2016 de unos 39 mil barriles, si se mantiene la producción de petróleo en los Lotes I, II, III, IV, V, VI/VII y IX a niveles actuales y la producción esperada en el Lote 64 alcanza el valor esperado.            

Una oportunidad de oro en la gestión de las reservas probadas

El Perú no es un gran productor de petróleo y debe centrar su política energética en aprovechar al máximo los escasos recursos petroleros existentes disponibles en los campos marginales. Por tanto, Petroperú deberá gestionar y administrar los escasos recursos existentes en los campos marginales y así para poder participar activamente en el proceso de transformación del modelo energético actual y saldar la deuda histórica con los verdaderos dueños del recurso. Una condición ineludible para una adecuada gestión pública de los recursos petroleros es realizar una profunda auditoría del funcionamiento de la empresa estatal en los últimos años y extirpar las corruptelas y los malos manejos denunciados. 

El fracaso del modelo privatizador en los últimos 20 años exige una nueva visión de exploración y explotación de los lotes concesionados. No se entiende el empecinamiento de las autoridades de Perúpetro en continuar su suicida apuesta por prorrogar los contratos de los lotes petroleros vencidos o a vencer a las mismas empresas que solo se han dedicado a extraer el petróleo sin invertir en buscar nuevas reservas. 

Los resultados del proceso privatizador son reveladores e incontestables: reducción de la producción nacional de petróleo y transformación del Perú en un país netamente importador con las implicancias económicas que esa situación significará para las futuras generaciones. Los responsables de la entrega del petróleo por diez años más del petróleo de todos los peruanos deberán reflexionar seriamente en las responsabilidades ulteriores de un acto claramente doloso y lesivo a los intereses del país.

Esta entrada contiene un artículo de:

Alberto Ríos Villacorta

Doctor Ingeniero Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Ingeniero Eléctrico, especializado en Sistemas y Redes Eléctricas, Instituto Politécnico de Bielorrusia. Master en Energías Renovables, Universidad Europea de Madrid. 
Profesor del Diplomado Internacional en Gestión de la Energía de ESAN