El problema central en el Perú es que, por más que se asignen recursos, no se ejecutan los proyectos por falta de capacidad de gestión. Para poder realizar una obra pública o una Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada, primero debe obtenerse la viabilidad de los proyectos, lo que implica determinar la rentabilidad social de los mismos.

El tiempo promedio de este trabajo generalmente tarda más de un año, ya que los estudios son mal hechos, son observados o reformulados. Si a esto le sumamos el proceso de licitación, el periodo termina siendo, en el mejor de los casos, de dos o tres años para el inicio de las labores. Pero esto no es todo. Durante la ejecución de las obras se presentan las deficiencias por los estudios mal hechos, lo que origina nuevos retrasos.

Para mitigar este problema, una posible solución sería seleccionar los proyectos de mayor relevancia para las regiones y el país, por ejemplo: carreteras con cierto nivel de tráfico vehicular, proyectos de saneamiento, escuelas, entre otros. A su vez, estos proyectos deberían ser evaluados de forma simplificada de modo que se acelere su ejecución y para ello es necesaria una exoneración del proceso de preinversión del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Otra dificultad que se tiene son las deficiencias de tipo técnico y corrupción que hay en los gobiernos regionales y municipales. En esta línea, no se cuenta con profesionales capacitados y proactivos debido a la baja remuneración que existe en los organismos del Estado. Si a esto le sumamos la demora de los procesos burocráticos, tenemos como resultado una pobre ejecución presupuestal en materia de inversión pública.

Para mejorar dicha situación se requiere de una reingeniería en el aparato estatal donde se permita incorporar profesionales de mejor nivel, con capacidad técnica y de gestión, y que se encuentren bien pagados. Sin embargo, esta solución está lejos de ejecutarse.

Una forma realista de resolver los problemas de inversión pública es centralizar los procesos de adjudicación de las obras mediante una especie de organización temporal de profesionales que conduzcan estos procesos. Estos comités de técnicos se encargarían de revisar rápidamente aquellos proyectos seleccionados, verificar su viabilidad, hacer los ajustes necesarios y organizar las licitaciones correspondientes, con procedimientos simplificados. Una vez adjudicado el proyecto, la entidad gubernamental correspondiente suscribirá el contrato de obra y lo administrará. El comité técnico podría seleccionar también al supervisor de obra.  Con ello se podrían aprovechar economías de escala, ya que se licitarían proyectos agrupados por similitud, por sector, o por cualquier otro criterio de aceleración.

¿Qué otras medidas podría aplicar el Estado para aumentar la inversión pública con eficiencia?

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Alex Albújar Cruz

Profesor del área de Finanzas, Economía y Contabilidad de la Universidad ESAN. MBA, ESAN. Ingeniero Industrial, Universidad de Piura, Perú. Se ha desempeñado como director de Proyectos en Proinversión. Ha sido Jefe de Finanzas en ESAN y Jefe de Operaciones en Proinversión.
Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN.