Después de casi dos años de deliberaciones, las negociaciones que se venían efectuando en el seno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO) para la elaboración de una norma internacional intergubernamental que regule los derechos de propiedad intelectual en el uso de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales han quedado paralizadas por tiempo indeterminado.

En teoría, este instrumento complementaría el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) acordado en 1993, el cual tiene como objetivo conservar la biodiversidad, aprovechar sostenidamente los recursos y lograr la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. A su vez, también le daría un mayor peso al Protocolo de Nagoya, aprobado en el 2010 y que entró en vigor en octubre del 2014, reglamentando a nivel internacional el régimen de acceso a los recursos genéticos y beneficios compartidos acordados por el CDB.

Independientemente de los recientes sucesos a nivel internacional, en el ámbito nacional cada país hace lo que puede para reglamentar y proteger los derechos a la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales y el uso de los recursos genéticos.

Lamentablemente, el Estado peruano ha tenido en estas materias un rol ambivalente. Por un lado, la Comisión Nacional de lucha contra la Biopiratería desarrolla un arduo trabajo para identificar aquellos casos en los que se haya patentado indebidamente, en terceros países, conocimientos tradicionales o recursos genéticos que les pertenecen al Perú y sus comunidades, llegando a demandar el retiro de las patentes o el exigir el compartir los beneficios con las comunidades respectivas. Sin embargo, lo logrado por la Comisión Nacional de lucha contra la Biopiratería es aún insuficiente y constituye solamente un granito de arena dentro de una contienda que tiene una dimensión mucho más grande.

Recientemente, el presidente de esta comisión declaró que no cuenta con presupuesto para realizar su labor y que en todo este tiempo solo se han logrado anular 16 patentes de las más de 1,500 que hay sobre productos originarios del Perú en las diversas partes del mundo. Dentro de esta cifra, no hay ningún caso en que se haya demandado el compartir beneficios.

Ahora, esta labor de la Comisión Nacional de lucha contra la Biopiratería, con todas sus limitaciones, forma parte de una paradoja cuando las autoridades nacionales respectivas se hacen de la "vista gorda" y dejan de "hacer cumplir" la ley, permitiendo la salida irrestricta de toneladas de maca peruana por parte de depredadores chinos, quienes vienen al país a llevarse los recursos genéticos y sus plantas para su siembra y explotación en la China, país en el cual se ha revalorado su uso para diversos propósitos.

En este caso sorprende la pasividad del Estado peruano que no hace cumplir las reglas que él mismo ha dictado. Al mismo tiempo, se aprecia la agresividad de los empresarios Chinos que han demostrado no tener problemas en literalmente "arrasar con todo" y apropiarse de los recursos genéticos de otros países, casi la "ley de la selva".

Ante este contexto, no hay duda que el Perú necesita desarrollar una estrategia propia y una política nacional más coherente donde se incluya, entre otros aspectos, no solamente el régimen de acceso y los derechos de propiedad de las comunidades sino también los incentivos a la bioprospección y la creación de mayor valor a la biodiversidad en beneficio de los diversos actores nacionales.

Para proteger los intereses peruanos se necesita convocar a los empresarios, investigadores, científicos, universidades, comunidades nativas y autoridades gubernamentales para que juntos diseñen una estrategia, una política y un marco de operación que permitan finalmente generar mayor valor para los de adentro y defienda coherentemente los intereses del país en materia de protección de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. El Seminario Internacional sobre Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos  organizado por  la Universidad ESAN, el Centro de Propiedad Intelectual, Competencia, Consumidor y Comercio (CEPIC) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) ha sido un paso interesante en esta dirección.

¿Qué se debe hacer para una efectiva protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales?

Esta entrada contiene un artículo de:

Santiago Roca

PhD y MA in Economics, Cornell University, EE.UU. Bachiller en Ciencias Sociales, mención en Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Profesor de la Maestría en Finanzas de ESAN.