Son dantescas las imágenes de enfrentamientos entre la Policía Nacional y los pobladores de Islay que se oponen al proyecto minero Tía María. Ellas muestran altos grados de violencia que han cobrado varias vidas, dejado decenas de heridos y  dañado propiedades públicas y privadas. Además, esas imágenes han dado la vuelta al mundo través de las redes sociales.

Si se analiza la gran mayoría de declaraciones de dirigentes empresariales y formadores de opinión pública, así como la cobertura periodística predominante, se puede identificar un claro sesgo de causalidad. Se trata de un error fundamental de atribución que imputa la responsabilidad por las protestas violentas exclusivamente a algunos líderes políticos de acentuada vocación antiminera.

Es evidente que el descontento social viene siendo atizado por individuos que, en algunos casos, pretenden obtener ganancias electorales o lucro corrupto; sin embargo, el enfoque caracterizado por individualizar a los antimineros como factor causal exclusivo es dañoso porque resulta autocomplaciente, no permite comprender con mayor rigor la compleja situación y tampoco permite aprender de los errores propios.

Por el lado de las empresas mineras y de su gremio representativo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y también del propio Gobierno Central, falta un enfoque autocrítico que trascienda la mera culpabilización de los otros. Tía María es, al final de cuentas, un nuevo proyecto minero que queda paralizado ante la imposibilidad de obtener la llamada licencia social.

Resulta imposible presentar en breves líneas un marco conceptual alternativo para analizar las complejas causalidades de los escenarios de conflictos socioambientales mineros en el Perú, pero al menos se pueden exponer con brevedad telegráfica algunas coordenadas para la reflexión.

Una radiografía a la minería en el Perú

En el visceral rechazo de algunas comunidades locales al inicio de proyectos mineros se entremezclan factores de muy diversa etiología, incluyendo variables antropológicas y una pronunciada resistencia al cambio. En la experiencia internacional los procesos de transformación acelerada e intensa generan hondos desequilibrios económicos, sociales y culturales que suelen estimular la conflictividad. Los proyectos mineros peruanos no son la excepción: generalmente se desarrollan en localidades altoandinas históricamente abandonadas por el estado y donde el desarrollo es una aspiración ignota.

La minería de gran escala es una actividad caracterizada por la radical, intensa, multifacética e inmediata transformación de todo su entorno y conlleva cambios absolutos e irreversibles hacia un escenario que -para las comunidades locales- implica incertidumbre, riesgos y temor de quedar desarraigados en sus propias tierras. De allí que la cosmovisión empresarial entre frecuentemente en colisión frontal con la de las poblaciones locales.

Las relaciones entre empresas mineras y comunidades vecinas implican también choques culturales muy significativos que muchas veces se mantienen inadvertidos para las partes y que en otras ocasiones recién se expresan bajo la forma de enfrentamientos viscerales.

Un ejemplo que grafica lo explicado es el siguiente: en las apartadas localidades de actividad minera los pobladores tienen que caminar largas horas para desarrollar sus actividades básicas debido a que generalmente no hay medios motorizados de transporte, excepto por las camionetas de las empresas mineras que transitan raudamente los caminos rurales y que generalmente no  ofrecen movilidad a los pobladores. Justamente, para las personas oriundas este acto de indiferencia es una demostración de abierta hostilidad y de total falta de solidaridad por parte del personal de la mina, los foráneos. No obstante, para los trabajadores mineros esta conducta se basa en el acatamiento de las normas de seguridad y de prevención de riesgos, de obligatorio cumplimiento para todo el personal de la empresa. Aquí, es preciso entender que uno haría mal en señalar que una parte tiene la razón, pues ésta depende de la perspectiva desde la cual se comprenda la situación. 

Otro aspecto a considerar son los asuntos de relaciones comunitarias, los mismos que tienen que dejar de ser abordados como meros problemas técnicos para convertirse en desafíos adaptativos (empleando la nomenclatura de Heifetz & Linsky). Los conflictos socioambientales peruanos representan típicos ejemplos de desafíos adaptativos en cuanto cada uno reviste alta singularidad, carece de soluciones predeterminadas, tiende a implicar colosales brechas entre aspiraciones y realidad, y produce en las comunidades locales hondas sensaciones grupales de desequilibrio. En contraste, los problemas técnicos tienen un alto grado de generalidad que posibilita contar con respuestas de probada eficacia  y no generan brechas sustanciales entre aspiraciones y realidad, ni sensaciones grupales de desequilibrio.

Precedidos por esa concepción de desafíos adaptativos se requiere generar un cambio de paradigmas en las relaciones comunitarias de las empresas mineras. La cuestión clave es cómo la actividad minera puede generar impactos sustanciales y sostenibles sobre el desarrollo local y regional que las poblaciones comprendan, disfruten y valoren. Sin embargo, las respuestas usuales a esto suelen ser de gran pobreza conceptual y de poca correspondencia con la realidad. Generalmente se asume que la mera presencia de las actividades mineras provoca desarrollo a través de encadenamientos de demanda laboral, de compras locales, y de inversiones sociales directas de las empresas mineras; y, aún en mayor proporción, como resultado del uso del canon que es, no lo olvidemos, renta fiscal generada por la minería.

La realidad, empero, es mucho más compleja y resistente. La brecha tecnológica entre empresas mineras y comunidades en el Perú es tan inmensa que muchas oportunidades laborales y de compras locales son imposibles de concretar. Las inversiones sociales directas de las empresas mineras son en conjunto cuantiosas (cerca de S/. 5 mil millones entre 2007 y 2013, según cifras oficiales), pero comúnmente de baja calidad y de poca sostenibilidad, y se realizan desarticuladamente de los programas públicos de desarrollo local y regional. Esto último encuentra alguna explicación en el hecho que el desarrollo socioeconómico no es parte de las competencias claves de las empresas mineras; pero, en cualquier caso, indica que sigue pendiente la tarea de mejorar la eficacia en el planeamiento y ejecución de las inversiones sociales directas que ellas realizan.

Es imprescindible que el poblador rural sienta que recibirá de modos muy concretos los beneficios del desarrollo; y la empresa debiera estar en condiciones de garantizar ese bienestar a través de inversiones articuladas con los planes de desarrollo locales y territoriales, y consensuadas previamente con las comunidades. A su turno, la ineficacia del canon minero, en su actual diseño institucional y en su ejecución, es cuestión ya manida.

El cambio de paradigma propuesto debiera implicar que el inicio de operaciones mineras vaya precedido por estrategias articuladas de desarrollo humano y sostenible, respetando las configuraciones socioterritoriales, y basadas en inversiones integradas entre los recursos públicos y los privados. De modo particular, como respuesta a la paradoja de la poca capacidad de las empresas mineras para absorber mano de obra y proveedores locales, y también dando cara al dato que la minería es una actividad temporalmente finita, las estrategias de desarrollo productivo local debieran priorizar su focalización hacia la promoción de cadenas agroexportadoras de alto valor, por ejemplo maximizando el gran potencial orgánico del espacio altoandino y agregándoles certificaciones como las de comercio justo. Esto debiera, a la vez, permitir desplegar una gestión del agua más comprensible y eficaz, introduciendo riego tecnificado para acabar con los contradictorios reclamos que soslayan el hecho que alrededor del 90% del agua de riego en zonas altoandinas se desperdicia por el uso de técnicas obsoletas. Cabe enfatizar que, como se ha demostrado en diversas partes del mundo, la agricultura orgánica es perfectamente compatible con actividades mineras responsables y permite a los pobladores tener una indicación cotidiana y tangible sobre la observancia de estándares de calidad ambiental por parte de la minería.  

¿Cree usted que es ya hora de cambiar de paradigmas para solucionar los conflictos socioambientales que frenan el desarrollo de proyectos y operaciones mineras?            

Esta entrada contiene un artículo de:

Oscar Schiappa-Pietra

Magister en Gestión Pública, Kennedy School of Government, Harvard University. Magister en Derecho Internacional y Comparado, George Washington University. Magister en Planeamiento y Políticas Sociales, London School of Economics and Political Science. Magister en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor del MBA de ESAN.