¿Son suficientes las normas para generar empleabilidad a personas con discapacidad?

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Como parte de la inserción laboral de las personas con discapacidad, y en el marco de la Constitución Política del Perú que considera al trabajo como un deber y derecho, el Estado ha establecido como medidas de política pública diversas normas que buscan transformar la discapacidad en una oportunidad. Sin embargo, aún se necesitan más acciones en conjunto por parte del Estado y las empresas privadas, ¿qué se debería hacer ante este escenario?

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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-2012, el 5.2% de la población presenta algún tipo de discapacidad y el mayor porcentaje se encuentra en el área urbana (5.6%) frente a la rural (4.2%), entendiéndose como persona con discapacidad  aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.

De acuerdo a la pirámide demográfica del Perú, la mayor concentración de la población peruana se encuentra entre las edades de 0 a 25 años. De lo cual se puede deducir que en la mayor concentración de la población peruana se encuentran las personas con edad empleable y, entre ellas, existe un grupo de personas con discapacidad. Asimismo, de las personas con 14 años o más que presentan alguna discapacidad, el 21.7% pertenecen a la Población Económicamente Activa.

Entre las normas que el Estado ha establecido para incorporar a las personas con discapacidad en el mercado laboral se encuentran:

  • Cuotas obligadas de contratación de personas con discapacidad, para las entidades estatales  no menos del 5% de la totalidad de su personal y a las empresas  privadas que tengan más de cincuenta trabajadores,  no menos del 3%, sujeto a multas por incumplimiento, según lo dispone la Ley General de la Persona con Discapacidad.
  • Reducción del Impuesto a la Renta de las empresas que contraten personas con discapacidad al permitir considerar como gasto un porcentaje adicional a la remuneración que se paguen a estas personas.
  • Beneficios a la empresa promocional de personas con discapacidad, otorgándole preferencias en procesos de contratación pública.
  • Bonificación de la puntuación de las personas con discapacidad en los concursos públicos de méritos.

Asimismo, se cuenta con un Consejo Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) que otorga las certificaciones de discapacidad; y el Ministerio de Trabajo viene trabajando en el empleo social inclusivo con un programa presupuestal para este efecto que representa el 27% respecto del total del Presupuesto de dicho Ministerio. En ese marco, existe el Programa Laboral 'Soy Capaz: Bolsa Laboral' (profesionales) y el Plan piloto 'Trabajo Contigo, Empleo con Apoyo' para la inserción laboral de personas con síndrome de Down y Asperger, que articula con la empresa privada buscando atender las necesidades y expectativas del empleador y la demanda de trabajo de las personas con discapacidad. A nivel privado también existen iniciativas como el Programa 'Ann Sullivan: Inserción Laboral' en las empresas.

sumillas_INEI.jpgSi bien se han dado medidas para lograr la inserción laboral cabe señalar que, de acuerdo al INEI, las personas con discapacidad ocupadas de 14 a más años de edad en gran porcentaje son trabajadores de servicios o trabajo agrícola, y tienen en su mayoría nivel primario o secundario. Son empleados básicamente por empresas privadas y pequeñas (compuestas de 1 a 5 personas) y en gran parte sin contrato formal.

Asimismo, la mayoría de encuestados señalan como factores que generan mayor dificultad para conseguir trabajo: la discriminación, no sentirse capaces y el ser subestimados. Siendo esto así, la pregunta es, ¿cómo se puede mejorar el nivel de empleabilidad de personas con discapacidad  contratadas, de puestos con mayor calificación y de un mayor involucramiento  de empresas privadas de mayor tamaño?

Si bien la empresa como parte de la Responsabilidad Social debe tener un compromiso con la sociedad y, como parte de ello, contribuir en el acceso al trabajo digno y no discriminatorio de las personas con discapacidad; no es  menos cierto que se debe buscar cambiar la mirada de las compañías hacia la contratación de personas con discapacidad y generar un mayor interés respecto a las habilidades específicas de estas personas. Por ejemplo,  las personas con autismo tienen habilidades competitivas centradas en la atención al detalle, y habilidades lógicas y analíticas que les permiten concentrarse por largos períodos de tiempo.

Esto nos lleva a buscar una mayor calificación y valía (autoestima) de las personas con discapacidad y, por lo tanto, mejorar la educación con carácter inclusivo sin marginación desde la educación inicial, primaria, secundaria y universitaria, según el tipo de discapacidad; incluyendo la intervención y educación temprana de estas personas y el soporte emocional que les permita manejar su autoestima para sentirse valiosos y seguros de alcanzar sus metas.

Así por ejemplo, en las personas con autismo es muy importante, para alcanzar mayores niveles de su desarrollo, la detección precoz a los dos años, la intervención temprana entre los dos y seis años, y el soporte emocional a la familia. El carácter inclusivo, como respuesta a la diversidad con la incorporación de las personas con discapacidad a la escuela regular, busca mejorar la opción de vida evitando la marginación y promoviendo un sentido de comunidad educadora basado en un trabajo de equipo, estimulando a las personas a crecer y realizarse de acuerdo a sus intereses, necesidades, expectativas e intereses.                    

En el Perú existen cerca de 300 mil niños y niñas con necesidades especiales y en edad escolar, de los cuales sólo el 15 o el 20 por ciento asisten al colegio. Sin embargo, existen más de 10 mil 100 instituciones de Educación Básica Regular (EBR), en todo el país, que están en condiciones de recibir a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.

Asimismo, el Estado prevé una Educación Básica Especial, una Educación Básica Alternativa (cuando hay exceso edad) y el SAANEE, Servicio de apoyo y asesoramiento para las necesidades especiales de las personas que busca apoyar los centros educativos del Estado. Sin embargo, de acuerdo al INEI, es un servicio que no está muy difundido o aplicado; así como tampoco los programas de intervención temprana.

CANADA_SUMILLAS.jpgMuestra de la importancia de la salud y educación para el desarrollo y empleabilidad de personas con discapacidad podemos citar ejemplos de países con mayores niveles de bienestar social y competitividad. El Gobierno de Canadá, conjuntamente con la empresa privada, lleva adelante cinco nuevos proyectos de investigaciones del cerebro humano para un tratamiento de varias formas de autismoEn el Reino Unido también se gestionan Proyectos de buenas prácticas para educación superior a autistas. O el caso de Dinamarca y el Proyecto de Empleabilidad de 1,000 puestos a través de la Specialista People Foundation.

Por lo tanto, para lograr una mayor empleabilidad es importante la intervención temprana y la educación inclusiva desde la niñez como en la juventud,  y el soporte emocional que permita un mayor desarrollo de las habilidades y el autoestima de las personas con discapacidad para  ganar mayor autonomía y en el futuro un mayor nivel de empleabilidad. Aquí las políticas públicas en salud y educación inclusiva juegan un rol importante y, en consecuencia, una adecuada asignación de recursos en los tres niveles de gobierno que son responsables; más aún si se tiene en cuenta que la oferta privada de educación inicial y primaria para necesidades especiales es reducida y de alto costo.

Esto implica también una nueva currícula, mejores materiales, y una organización más flexible en el colegio; con cultura de inclusión, profesores y personal de salud, psicólogos y un equipo multidisciplinario capacitado continuamente en necesidades especiales e inteligencias múltiples. También se necesita tecnología, y de ahí que sea tan importante propiciar sinergias con países más avanzados que permitan compartir las lecciones aprendidas.

Además de las decisiones de política pública articulada de los diversos sectores (Salud, Educación, Trabajo, Desarrollo e Inclusión Social, Transportes y Comunicaciones, incluyendo los Gobiernos Regionales y Locales), también es importante el involucramiento de los demás actores de la sociedad de acuerdo a sus roles a fin de lograr empleabilidad con dignidad y competitividad para las personas con discapacidad.

Se requiere el involucramiento  y soporte de las familias, el compromiso de los centros privados especializados en educación para niños con discapacidades, colegios privados con enfoque inclusivo, las universidades y la sociedad organizada, y la cooperación de las organizaciones no gubernamentales que cumplen un rol de sensibilización e información en la sociedad. Así como el apoyo de las empresas que en el marco de la responsabilidad social puedan articular sus demandas ocupacionales, perfiles de puestos y contratación de personas que son valiosas y requieren inclusión y autonomía en la sociedad.

Si bien las normas como instrumentos de política pública son importantes para promover la empleabilidad de las personas discapacitadas, se deben asegurar mecanismos para su cumplimiento y, sobretodo, realizar un trabajo de base en salud, educación y autoestima desde la niñez; articulando las políticas públicas, los roles, los intereses y las expectativas de los actores públicos y privados en favor de la inclusión de estas personas.

¿Estamos dispuestos a asumir el compromiso que implica la inclusión?

FUENTES CONSULTADAS:



fotogisela.jpgGisela Cruz Silva

Actualmente viene cursando el MBA Tiempo Parcial de ESAN. Abogada por la PUCP. Con especialización en Gestión Pública y en tributación. Experiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas, Essalud y Ministerio de Agricultura. Reconocimiento otorgado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR al haber ocupado el Primer Puesto en el Diagnóstico de Conocimientos (DC) al Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. Actualmente es Directora de la Oficina de Desarrollo Organizacional y Modernización en el Ministerio de Agricultura y Riego. 

 

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