¿Cómo incrementar la transparencia y competencia en las APP en el Perú?

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Impedir la participación de empresas sentenciadas o que hayan admitido culpabilidad, incorporar cláusulas anticorrupción a los contratos y crear una oficina de integridad, entre otras, son medidas positivas pero que intuimos serán insuficientes para generar un impacto significativo en la transparencia y competencia de las asociaciones público-privadas (APP).

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Se requiere, además, recuperar la confianza de la ciudadanía para hacer sostenible en el mediano plazo la cooperación público-privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos. Para ello, por ejemplo, es necesario asegurar la competencia tomando previsiones en la operatividad de los propios procesos.

Recomendaciones de manual

Existen medidas básicas que conviene aplicar a los procesos de APP de todos los niveles de gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la próxima ampliación de responsabilidades a los Comités de Inversión de los Ministerios y la apuesta por la profundización de la descentralización.

1.    La primera es la obligatoriedad del test de mercado. Previamente a la definición de la escala de la operación y al establecimiento de los requisitos técnicos y financieros, debe exigirse al banco de inversión o asesor de transacción presentar un informe sustentado confirmando la existencia de un número razonable de operadores -no constructores- que, teniendo solvencia técnica y financiera, estarían interesados en ser postores dadas las condiciones planteadas para el concurso.

2.    En segundo lugar, para asegurar la competencia, las bases deben: i) establecer la posibilidad de subsanar los errores de los documentos en actos previos al de presentación de la oferta económica; ii) supeditar la presentación de ofertas a la existencia de al menos tres postores precalificados y; iii) prohibir el otorgamiento de la buena pro sin la concurrencia de al menos dos ofertas válidas.

Sin embargo, estas medidas también serían insuficientes. Necesitamos cambios radicales para promover, en todos los casos en los que sea posible, sistemas que reduzcan al máximo la posibilidad de manipulación de los procesos y a la vez nos permitan avanzar más rápido. Por ahora se plantea dos recomendaciones. 



Necesitamos cambios radicales para promover, en todos los casos en los que sea posible, sistemas que reduzcan al máximo la posibilidad de manipulación de los procesos y a la vez nos permitan avanzar más rápido.

Competencia entre proyectos y sectores

Una buena alternativa es hacer concursos masivos para adjudicar APP con competencia entre proyectos y sectores. Para ello, equipos especializados de los sectores y los organismos promotores de inversión privada, adecuadamente asesorados por expertos técnicos, desarrollarían especificaciones mínimas generales aplicables a proyectos de cada sector de la misma categoría o escala.

Entonces, por ejemplo, se pediría propuestas para cualquiera de 10 colegios, 10 hospitales, 10 establecimientos penales y 10 plantas de tratamiento de aguas residuales elegibles a nivel nacional, de la misma categoría y que atiendan a mercados similares.  Y todas las propuestas, de alguna manera, competirían entre sí.

Adjudicaríamos así los recursos reservados para cada categoría por rangos de cofinanciamiento y dentro de cada sector por menor tarifa u otro factor de competencia, progresivamente, hasta agotar el presupuesto preestablecido que podría ser en total de entre US$ 5,000 millones y US$ 8,000 millones cada dos años para infraestructura social.  Hay que desarrollar un poco más la idea pero vale la pena el esfuerzo. Las subastas RER son parecidas y constituyen un buen ejemplo.  En la última se recibieron 111 ofertas y se obtuvieron tarifas muy competitivas para el suministro de energía incluso con tecnología solar o eólica.

Adiós a las iniciativas privadas

El esquema de las Unsolicited Proposals surgió originalmente para proyectos innovadores, de carácter único, generados gracias a investigación y desarrollo privados que pudiendo beneficiar a la sociedad requiriesen algún activo o soporte público para materializarse. Se introdujo legalmente en el Perú en el año 2003, y se empezó a aplicar con mayor impulso desde al año 2008 a proyectos autosostenibles de infraestructura y servicios públicos.

En el año 2011 se extendió erróneamente a proyectos cofinanciados sin límites, incluso a los previamente identificados y estudiados por el sector público, estableciéndose en el 2014 ventanas de tiempo para su presentación. La historia es conocida: profusión de propuestas oportunistas, falta de predictibilidad en la priorización, rechazo masivo por limitada disponibilidad de recursos, procesos largos y engorrosos... Tres años después de presentadas, algunas se reactivarían, lo que debe hacerse para no retrasar más las inversiones, pero no es claro que el esquema haya beneficiado a la sociedad y carece de sentido si existirá un plan nacional de infraestructura.

Eliminemos las iniciativas privadas, por lo menos para proyectos convencionales, e impulsemos mucho más las APP por iniciativa pública.

¿Cree usted que se está haciendo algo para recuperar la confianza de la ciudadanía para hacer sostenible la cooperación público-privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos? ¿Qué se debe hacer al respecto?

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