Hasta inicios de julio, el Gobierno central había gastado solo el 68.1 % de su presupuesto para la lucha contra la COVID-19 de acuerdo al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, los Gobiernos regionales,  solo invirtieron 39.5 % y los locales, 66.7 %. Estas cifras reflejan una evidente ineficacia e ineficiencia en la gestión pública pese a que se entregaron los recursos y se especificó que la inversión debió hacerse en el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con el virus. 

La raíz de los problemas

Al Perú le hace falta urgentemente una clase de gestores eficaces para el sector público. En países como España, un funcionario que trabaja para el Estado debe pasar ciertas evaluaciones, llamadas oposiciones,  para que se le permita ejercer como gestor en cualquier nivel de gobierno. En el nuestro, esta selección es arbitraria y muchas veces asociada a favores políticos. Ese es uno de los factores que nos ha llevado a ser uno de los 10 países con más casos de COVID-19 en el mundo según cifras de la Organización Mundial de la Salud. 

Una de las primeras consecuencias de este problema es el incumplimiento de las medidas de bioseguridad, que deben adoptarse en los centros de salud para que los trabajadores del sector (médicos, enfermeras y personal administrativo) puedan trabajar durante largas jornadas. No podemos exigirles más si corren un alto riesgo de caer enfermos o fallecer por la COVID-19.

La carencia de gestión pública es un problema trasversal que afecta por igual a todas las regiones y niveles de gobierno.

Otra muestra de la ineficacia e ineficiencia en la gestión pública es que, a pesar de que ya se establecieron los focos de contagio en nuestro país (mercados, transporte público etc.), no se ha podido hallar soluciones ingeniosas a este problema. Situación opuesta a lo que sucedió en países asiáticos, donde la vigilancia epidemiológica fue posible mediante algo tan sencillo como el monitoreo de las redes sociales de los contagiados. 

Institucionalidad en el país

Si bien regiones como Apurímac, Piura y Arequipa registran niveles muy bajos de ejecución, resulta increíble saber que Lima tampoco había ejecutado ni la mitad del presupuesto asignado hasta julio. Es evidente que la carencia de gestión pública representa un problema trasversal a todas las regiones y niveles de gobierno. 

Esta reforma de selección de personal para la Gestión Pública, que se inició con proyectos como Servir es indispensable y debe formarse una clase de servidores públicos que sea el antídoto a política de contratación de personal no calificado pero, con conexiones de orden político. Es  paradójico y a la vez dramático que Perú sea de los pocos países latinoamericanos que se pueden dar el lujo de gastar en plena crisis y, pese a ello, su gestión sea ineficaz e ineficiente. 

La institucionalidad se basa en que fomentemos una meritocracia, que se otorguen adecuados sueldos a los funcionarios públicos y se les permita seguir una línea de carrera. Al mismo tiempo, se requiere organizar concursos para formar una generación de gestores públicos y recuperar la confianza de la población en el Estado. ¿Qué otras acciones hacen falta? Déjanos tu opinión.