Si bien es cierto que casi todos estamos de acuerdo que el gobierno consulte a las poblaciones originarias respecto a cualquier medida administrativa que pueda afectarlas, el proceso de la consulta podría generar distorsiones con resultados adversos. 

Se trata de proteger los derechos de poblaciones poco integradas al sistema político-representativo que opera en nuestro país. Esa es la esencia de la Convención 169 de la OIT. En ese sentido casi todos deberíamos estar satisfechos con la reciente aprobación de la Ley de Consulta Previa. 

Sin embargo, como reza una expresión anglosajona "el diablo está en los detalles" y estando en proceso la discusión del reglamento debemos llamar la atención sobre los posibles efectos negativos de la norma con respecto al clima de inversión si el reglamento no los toma en cuenta y resuelve adecuadamente. Existen varios riesgos que se debería tener presente:

a) ¿Quién consulta? Debe quedar meridianamente claro que quien hace la consulta es el gobierno y no los promotores de la norma (o el proyecto) o los grupos que representan o dicen representar a la sociedad civil. 

b) ¿A quienes se consulta? Sabemos que hoy no existe un registro que permita convocar a las organizaciones que deberían participar en dichos procesos. Si bien la ley plantea en forma taxativa quiénes deben ser consultados, debemos esperar que la elaboración de dicho registro no tome un período muy prolongado ya que existe una larga lista de proyectos esperando la aprobación de los reglamentos (se nos ha informado que además de un reglamento general habrá reglamentos sectoriales). Invitar a quienes no tienen vinculación con las poblaciones indígenas o no invitar a aquellos legítimamente acreditados es el primer riesgo que enfrenta el proceso de consulta.

c) ¿Cuándo se consulta? El momento en que se realiza la consulta constituye un tema crucial. Los proyectos, sobre todo aquellos grandes y complejos, pasan por  diferentes etapas: perfil, prefactibilidad, factibilidad, cierre financiero, autorizaciones ambientales y otras e inicio de obra. En cada etapa la información exigida resulta diferente. 

Contrastando los extremos, sólo para ilustrar al lector, al inversionista le interesaría que la consulta fuese en las primeras etapas a fin de evitar gastos en un proyecto que finalmente no logre aprobar la consulta. Por otro lado, a los que podrían verse afectados de alguna manera por la construcción u operación de proyecto les debería interesar tener el máximo de información. Es decir, cuando se tenga todos los permisos y autorizaciones. Balancear ambos puntos de vista e intereses no será tarea fácil en la redacción de los reglamentos.

d) ¿Qué se consulta? No imagino que se trate de una suerte de referéndum donde se espera una respuesta sí o no. Me temo que si así fuese pocos proyectos lograrían pasar la prueba. Idealmente se trata de un proceso de brindar la información relevante sobre los efectos del proyecto a aquellos que podrían verse impactados en algún sentido. Resulta evidente que cuanto más se pueda avanzar en el desarrollo del proyecto, la consulta, en el papel, podría referirse a los principales efectos aunque nada garantice que en la discusión de esos temas ésta se politice con resultados adversos.

e) ¿Cómo se compatibiliza con el proceso de aprobación de los permisos ambientales? Los Estudios de Impacto Ambiental incluyen como un elemento importante el Plan de Participación Ciudadana que entre otras cosas incluye talleres y audiencias públicas. Resulta evidente que no se trata de duplicar la consulta ya que en teoría son las mismas personas las que participarían en ambos casos, aunque los resultados de la consulta podrían ser diferentes, lo que podría en entredicho el proyecto a pesar de no ser vinculante.

Podríamos continuar la lista de temas que podrían distorsionar los objetivos del proceso de consulta. Mejor esperamos los resultados de la comisión que ha recibido el encargo de proponer el borrador del reglamento. Poner de acuerdo a catorce representantes del sector público y otros tantos en representación de la sociedad civil será la primera prueba de su capacidad para consultar y concertar.

¿Cree usted que la consulta a la población sobre proyectos que alteran el ecosistema es un proceso bien llevado? ¿Qué hace falta hacer al respecto?