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¿Laboralizar las plataformas digitales?

Publicado el 21 de Noviembre 2019 a las 1:17 PM

César Puntriano, profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, reflexiona sobre la regulación que se busca dar en el Perú a los servicios prestados por personas en las plataformas digitales. Los detalles en este artículo para Gestión.

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha creado un grupo de trabajo para analizar y brindar recomendaciones sobre la problemática del empleo de quienes prestan servicios en plataformas digitales (Resolución Ministerial N° 272-2019-TR). Para el cumplimiento de su objetivo, el grupo de trabajo elaborará un informe con el análisis y las recomendaciones en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados a partir de su instalación. ¿Estamos preparados para regular esta prestación de servicios?

Diariamente somos testigos del gran impacto de la tecnología en las relaciones laborales, no solamente a través del empequeñecimiento del empleador mediante el mantenimiento de una planilla mínima y la recurrencia a terceros, sino por su reemplazo por emprendedores que prestan servicios a través de plataformas virtuales que ponen en contacto a la oferta y la demanda. Las plataformas niegan la condición de empleador de los emprendedores y se definen como intermediarias entre los proveedores de servicios y sus clientes (consumidores finales). Esta condición es denominada "on demand" o "Gig economy". La doctrina estadounidense denomina a este nuevo modelo de negocio como "uber economy" o crowdwork offline específico. El crowdwork consiste en tomar una prestación de un servicio, tradicionalmente realizada por un trabajador, y descentralizarla hacia un gran número de personas en forma de llamamiento o convocatoria.

Las plataformas de servicios obtienen gran éxito al sacar provecho de una legislación que en automático excluye de cualquier tipo de protección laboral y de seguridad social a los emprendedores al considerarlos como autónomos.

Los negocios en los que se presentan estas plataformas de servicios, son entre otros Uber, (transporte de pasajeros), Glovo (reparto de comida, servicio de courier), Uber eats  (reparto de comida), Rappi (reparto de comida, correspondencia, entre otros. Cuando el cliente recurre a estas plataformas lo hace en busca de recibir un servicio específico como el transporte  o reparto de comida, y esto es importante pues al dedicarse a una actividad concreta, las plataformas tienen un mayor control sobre sus trabajadores, o prestadores de servicios, en este caso.

La pregunta que surge en este caso, y en todos aquellos en los que nos encontramos ante plataformas de servicios es si la actividad que realizan los "proveedores" es autónoma o debe considerarse como subordinada y por ende laboral. La subordinación como se ha entendido clásicamente no resulta en absoluto aplicable a esta actividad.

Esto supondrá emplear elementos adicionales para realizar el análisis de laboralidad de estos modelos de negocios, recurriendo por ejemplo a la ajenidad, dependencia económica, inserción en organización empresarial, entre otros.  Desde luego que esta nueva actividad de las plataformas de servicios exige mayor sofisticación al momento de realizar el análisis de laboralidad. Así lo han venido resolviendo las Cortes en España,Reino Unido y otros lugares de Europa, existiendo pronunciamientos en Brasil, Chile, Uruguay. En la mayoría de países son contradictorios, no existiendo a la fecha alguna sentencia de la Corte Suprema (o su equivalente) que sostenga la existencia de una relación laboral, ni mucho menos una norma en ese sentido.

Es evidente que este nuevo modelo de negocio que efectúan las plataformas de servicios cuestiona los paradigmas clásicos, y quizás los no tan clásicos del Derecho del Trabajo, dándole validez a aquellas posiciones a favor de la exclusión de las mismas de su ámbito  de aplicación. Resulta necesario que a los trabajadores autónomos que operan bajo demanda en distintas plataformas de servicios cuenten con marco legal que decida si son trabajadores o no, y que regule sus condiciones y proteja sus derechos fundamentales.

La regulación que se proponga debe orientarse a la protección de estas personas pues su situación no es semejante a la de un autónomo en sentido estricto ni tampoco a la de un trabajador subordinado. Entonces no será viable extender, en automático, el manto protector del Derecho Laboral a dicha prestación de servicios sui genéris.

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Fuente: Gestión

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