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¿Por qué no se emplea todo el presupuesto de prevención de desastres?

Publicado el 8 de Enero 2020 a las 3:16 PM

Mary Mollo, profesora de los programas de Educación Ejecutiva de ESAN, comenta para El Comercio sobre el poco uso de los fondos en prevención de desastres que los municipios y gobiernos regionales tuvieron durante el 2019.

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Luego de dos semanas del inicio del verano, las lluvias y deslizamientos han ocasionado estragos al menos en 13 regiones del norte y el centro del país. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (Cenepred) estima que hay 1,3 millones de peruanos en riesgo "alto" y "muy alto" ante la ocurrencia de estos fenómenos.

La capacidad de las autoridades para ejecutar los gastos en prevención -y que habrían ayudado a amortiguar el impacto de los desastres- no ha sido óptima. En el 2019, los tres niveles de gobierno (Ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades locales) invirtieron solo S/2.169 millones de S/3.220 millones disponibles para prevenir desastres naturales. Es decir, hasta finales de diciembre se ejecutó solo un 67,4% de los fondos.

Dicha partida presupuestaria (conocida como pliego 068) permite la planificación de acciones preventivas ante emergencias como las que se registraron en los últimos días a raíz de las lluvias o deslizamientos ocurridos en Piura, Áncash y otras regiones.

El Gobierno Central -a través de los ministerios- tuvo el grado más alto de inversión en este rubro y alcanzó el 75,3%, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En contraste, las regiones y los municipios no gastaron lo suficiente y registraron una ejecución más baja, con cifras de 55% y 65%, respectivamente. Según la ley vigente, ambos son considerados actores de primer orden en el proceso de gestión de riesgos.

Las municipalidades provinciales de Áncash y Tumbes ejecutaron una menor proporción de su presupuesto del 2019 destinado a mejorar la atención de emergencias. Solo lograron gastar en promedio el 50% y 31% de este pliego, la cifra más baja del país.

En el caso de los gobiernos regionales, los niveles más bajos los tienen Ica (51,3%), Piura (40,5%), Lambayeque (36,1%) y Tumbes (23,1%). Estas regiones concentraron las localidades más afectadas por las lluvias y deslizamientos durante El Niño costero del 2017. En tanto, la Municipalidad de Lima gastó el 70% de sus fondos. El porcentaje de gasto considerado aceptable por el MEF es de 85%.

Los factores

¿Qué explica el bajo avance de las regiones y municipios para afrontar eventos naturales? Para Mary Mollo, especialista en gestión de riesgo de desastres de la Universidad ESAN, uno de los problemas radica en las limitadas capacidades de operación de las autoridades subnacionales, quienes, pese a que cumplieron un año en el cargo, carecen de personal calificado en gestión de riesgos. A esto se añade temas de largo plazo como la ausencia de planes de ordenamiento territorial o el clima de inestabilidad política vivida el año pasado.

"El sentido de urgencia es bastante retardado porque no miramos el ciclo anual del clima. Solo cuando tenemos el problema encima actuamos para poder resolver la emergencia, no hay perspectiva. Tampoco hay articulación entre los tres niveles de gobierno porque no se han definido las competencias que corresponden a un proceso de reconstrucción", explica.

La especialista añade que los presupuestos del pliego 068 y otros rubros se transfieren de manera efectiva después del segundo trimestre, lo cual demora el gasto.

"El país tiene que modificar el calendario de ejecución presupuestal y dejar de tener ese período 'muerto' entre enero y marzo, donde ninguno de los tres niveles de gobierno dispone de grandes montos para invertir", dice Mollo.

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Fuente: El Comercio

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