Se estima que el 2023, Perú recibió un poco más de 2,5 millones de visitantes extranjeros, muy por debajo de los 4,4 millones de visitantes que visitaron el país en 2019. Aún no hay datos oficiales sobre este número, pero la situación actual es preocupante porque pasados tres años del control de la pandemia no se ha podido reactivar por completo al sector.

Ante este contexto, recientemente se ha generado una corriente que busca impulsar una nueva Ley de Promoción del Turismo que incorpore desde exoneraciones de impuestos hasta regímenes laborales especiales. Si bien una ley de este tipo se presenta como una herramienta para aprovechar el potencial de esta industria, impulsar la promoción y consolidación de recursos; incentivar la inversión privada; fomentar la diversificación turística, y promover sinergias entre gremios empresariales, operadores turísticos y los diferentes niveles de gobierno, es importante tener cuidado para que este posible remedio no cause el efecto contrario.

Una de las propuestas de los gremios turísticos es la creación de un nuevo sistema de trabajo que permita una mayor libertad para contratar trabajadores en ciertas temporadas y que no figuren en planilla, para no estar expuestos a multas de la Sunafil. Sin embargo, en un país que ha sufrido grandes convulsiones sociales en los últimos años, este tipo de leyes puede ser percibida por la opinión pública como una medida que generará mayor precariedad en el sector por más que cuente con bases técnicas sólidas. Guardando las distancias y el contexto, solo basta recordar la “Ley Pulpín” y el efecto que generó.

Por ello, es pertinente que se puedan priorizar otras medidas dentro de una posible nueva ley vinculada al turismo. En esta línea, se puede contemplar los siguientes aspectos:

• Sinergias entre el sector público y empresas. Una ley de promoción del turismo podría facilitar la cooperación entre el Estado y las empresas, estableciendo mecanismos eficaces para coordinaciones vinculadas al sector. Esta asociación podría impulsar la eficiencia y la efectividad en la adopción de políticas turísticas y sus posteriores líneas de acción.

• El ofrecimiento de más incentivos para la inversión privada en la infraestructura turística. Esto no solo incluiría la construcción de hoteles y restaurantes, sino también la mejora de carreteras y otros servicios esenciales que beneficiarían tanto a los visitantes como a las comunidades locales. Perú tiene una mala conectividad respecto a otros países y urge acortar la brecha.

• La diversificación de la oferta turística para reducir la dependencia de destinos específicos. La legislación podría impulsar iniciativas que promuevan nuevos productos turísticos, como rutas culturales, ecoturismo y turismo de aventura. Esto no solo atraería a diferentes tipos de visitantes, sino que también contribuiría a la descongestión de destinos saturados y beneficiaría a un importante número de regiones.

• Promoción de la sostenibilidad en la gestión del turismo. Se podrían establecer pautas para garantizar que el desarrollo turístico se realice de manera ecoamigable, protegiendo los recursos naturales y culturales del país. Además, se podrían implementar incentivos para la adopción de prácticas que sean responsables con el medio ambiente por parte de los negocios vinculados al turismo, tanto en la gestión de residuos, infraestructura sostenible, aprovechamiento de recursos hídricos, optimización del sistema eléctrico, entre otros.

Como reflexión final, es importante considerar que una Ley de Promoción del Turismo en el Perú debe ir más allá de ser una oportunidad estratégica para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad del sector. Esta legislación necesita influir en la forma en que el país es percibido a nivel internacional, destacando por atributos positivos como la seguridad, la sostenibilidad, la diversidad y la calidez de las personas.

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