¿Cómo podemos explicar que el presidente de la República pida a los inversionistas que preparen propuestas de inversiones y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  no apruebe ninguna?  Pues bien, la explicación se encuentra en que el MEF paga las consecuencias de contratos mal diseñados y mal interpretados, encontrando que se triplican los montos ofertados inicialmente, que las obras se atrasan o no se inician y que las renegociaciones son una constante y en ellas se rompe el equilibrio en perjuicio del sector privado. En otras palabras, los responsables de esta entidad ven las consecuencias, los resultados y los síntomas de una grave enfermedad. 

De la misma forma, la Contraloría General de la República hace estudios y diagnósticos, y encuentra los mismos problemas identificados por el MEF luego de realizar publicaciones al respecto. Sin embargo, no se identifican las causas reales de dichos inconvenientes. Se enumeran los síntomas pero no se diagnostica correctamente la enfermedad ni se propone el remedio adecuado.

Con la nueva Ley de las APP la situación está lejos de revertirse. ¿La razón? Ahora las Asociaciones Público-Privadas deberán pasar por la revisión y aprobación del MEF, constituyéndose un cuello de botella que retrasará las inversiones.

Ahora, la solución no radica en frenar o dejar de utilizar las concesiones que han llevado al desarrollo y riqueza a países recesados (como era Inglaterra en 1970 o como nuestros prósperos vecinos Chile y Colombia hoy en día). Cabe señalar que las concesiones y APP se iniciaron siempre en países en crisis económica o en recesión que obligaron a los gobiernos y al sector público "a ceder su labor y sus recursos económicos" al sector privado (obviamente con la resistencia y malestar consecuente de quienes pierden el poder, el control y los recursos públicos que tenían para sí o para sus colegas).

Una APP es un mecanismo donde participan el sector público y del sector privado, y mientras el MEF y la Contraloría no vean esto desde la perspectiva de un empresario del sector privado, algunos malos empresarios seguirán generando propuestas o renegociaciones y modificaciones perjudiciales para los usuarios y el país. 

Actualmente, los organismos multilaterales y los asesores del sector público nos presentan estadísticas y datos de todo el mundo de  "casos de éxito" pero no hay un análisis crítico causa-efecto, de errores cometidos. Casos peores son cuando otorgan premios internacionales a concesiones por ser complejas, extensas aun cuando fueron mal diseñadas o mal licitadas y significan un costo demasiado alto para los peruanos. 

El año pasado fui invitado a un evento internacional de Project Finance en Medellín y un expositor internacional mencionó el caso peruano del concurso oferta como un error que no se debía cometer en Colombia (y hasta ahora en Perú se sigue repitiendo).

Para revertir la situación en la que vivimos es necesario analizar las buenas prácticas internacionales y determinar por qué han funcionado adecuadamente (saber qué incentivos generaron para que el sector privado cumpla y mantenga un equilibrio beneficioso para las partes, entre otros detalles).

En un siguiente artículo comentaremos las buenas prácticas para el diseño y administración de concesiones y APP, esperando que este gobierno o el próximo pueda utilizarlas para dar prosperidad y desarrollo a los peruanos.

¿Qué errores o problemas conoce o identifica usted en las concesiones ya en ejecución? ¿Cómo se pudieron evitar dichos errores?