Según el Reporte Global de Competitividad del World Economic Forum 2019, el Perú se encuentra en el puesto 65 respecto a 141 países, habiendo caído dos ubicaciones en comparación con el 2018 y tres con el 2017. La regulación laboral restrictiva es considerada como uno de los factores que complican la realización de negocios en nuestro país. Uno de los pilares que soporta dicha medición es el denominado "eficiencia del mercado laboral", en el cual estamos en el puesto 77 (media tabla). Se requiere reducir la informalidad (más del 70%), a efectos de generar empleo digno y no precario.

Esto último es justamente uno de los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado a mediados de año por el Ejecutivo, cuyas medidas están en ciernes.

Las propuestas de índole laboral del Plan se enfocaban en promover el tránsito a la formalización, modernizar la regulación laboral y mejorar la fiscalización. Las medidas comprendían la actualización del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, la revisión de las relaciones laborales a tiempo parcial, el fortalecimiento del teletrabajo, la modernización del régimen mype, el mejoramiento del marco legal de modalidades formativas, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo.

La regulación que se emita no debe seguir enfocada en la minoría formal, pues ello impedirá el cumplimiento del gran objetivo de la formalización laboral. Entre tanto, la proyección del crecimiento del PBI para este año sigue cayendo, según el BCR a menos de de 3 %, mientras que el empleo nacional (urbano) según el MTPE en el semestre marzo-octubre ha crecido en promedio menos de 0.3% versus el año pasado, que crecía por encima de 5%. El Ejecutivo viene avanzando según la línea trazada por el Plan, pero creemos que lo anunciado hasta el momento no es positivo para las empresas ni para los trabajadores, estos últimos mayoritariamente ocupados en el sector informal, sin derechos laborales, protección social, y percibiendo ingresos por debajo de la remuneración mínima vital.

En efecto, el Proyecto de Reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral posee aspectos positivos, pero preocupa la aparente vuelta a la rigidez laboral, en particular en lo relativo al cese por rendimiento deficiente, cese colectivo, periodo de prueba, no ocupándose del cese por invalidez absoluta permanente del trabajador cuya ejecución no es posible a la fecha como se ofreció en el Plan. Tampoco se ha emitido normativa sobre el contrato a tiempo parcial, a la fecha, proponiéndose derogar algunos artículos de la regulación vigente. Suponemos que para emitir un norma que se ocupe de dicha figura, la cual también es una herramienta para formalizar a quienes laboran durante jornadas reducidas.

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Fuente: Gestión