El Perú y otros países de la región atraviesan tiempos complejos en el escenario posterior a la pandemia de la COVID-19, en el que las tendencias globales se enfrentan con el contexto local. Por un lado, el alto precio de los metales, debido a factores como la recuperación económica mundial, por el efecto rebote, y la transición energética, pues las energías renovables (necesarias para reducir las emisiones de carbono frente al cambio climático) demandan minerales. El aumento de precio de los minerales ha logrado una mayor recaudación de impuestos e interés por inversión en proyectos mineros, pero esto podría ser de mayor alcance en América Latina.

Por otro lado, observamos un aumento de conflictos sociales relacionados con las industrias extractivas y la demanda por “reivindicación” de comunidades que perciben que no recibieron los beneficios de la riqueza que generaron los grandes proyectos extractivos. Entre los motivos, podemos mencionar la desconfianza entre todos los actores, la falta de difusión de herramientas para la transparencia del uso de recursos generados por la minería, la ineficiente ejecución de los recursos mineros, la permisividad y la inaplicabilidad de la ley que protege la inversión privada de manera efectiva, además de intereses particulares, la búsqueda de renta y también la genuina preocupación por el medioambiente.

Agreguemos a este escenario la crisis alimentaria, que podría surgir a corto plazo. ¿Podemos lograr sinergias entre actividades como la minería y la agricultura en favor de las economías locales?

Complejidades y oportunidades

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que el 84 % de los agricultores de cinco países de la región, entre ellos el Perú, percibió una disminución significativa de sus ingresos durante la pandemia. Los principales problemas agrícolas identificados son la dificultad para obtener insumos, acceder a la mano de obra y transportar la producción. La pobre logística para el traslado y la falta de insumos disponibles, sumados a la venta a menor escala, implican riesgos que pocos quieren asumir, lo cual aumenta los costos para el agricultor. La agroindustria también presenta retos importantes asociados a la logística (transporte en frío), la necesidad de innovar y el uso de recursos como el agua.

La coyuntura pospandemia descrita y el nefasto equilibrio de poderes desde el ejecutivo y el legislativo, que solo buscan mantener privilegios, sin interés por el desarrollo del país, obligan al sector privado, la academia y la sociedad civil a promover sinergias entre actividades claves como la agricultura y la minería. El objetivo es generar oportunidades complementarias y crear riqueza y beneficios, sobre todo en las áreas rurales donde es más necesario implementar un mecanismo de desarrollo. El BID ya promueve esta práctica en el Perú desde hace algunos años, con experiencias en departamentos, como Moquegua y Cajamarca.

Las cifras macro del aporte de la minería y la agricultura no sirven de nada si la gente no las percibe ni las entiende. La tarea pendiente consiste en sumar esfuerzos para generar canales concretos de conexión entre las actividades con mayor proyección. Así, no solo lograremos diversificar la producción, sino también las cadenas de producción y logística, y transformarlas en cadenas de valor que generen empleos de mayores ingresos y no solo estacionales.

La minería ya ofrece servicios logísticos inteligentes que pueden adaptarse a las necesidades de la agroindustria y que también pueden apoyar a la agricultura tradicional. Necesitamos poner en valor las potenciales sinergias agromineras y sobrepasar la coyuntura política con alternativas reales y una mirada de desarrollo territorial. ¿Qué otras acciones son necesarias? Déjanos tu opinión.

* Jose-Carlos De Piérola es docente del curso en Gestión ambiental y agrominería del Certificado de Especialización de Agroexportación del PEE en Agronegocios de ESAN.

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