
El sistema penitenciario peruano atraviesa por una situación de emergencia. La capacidad de recibir internos de las cárceles se encuentra rebasada, lo que causa problemas de salud física y mental en la población penitenciaria, y hace difícil, o casi imposible, la readaptación de esta; también genera escenarios de violencia y agresión, mayor dificultad en el control de conductas y actividades ilícitas, además de una mayor degradación y deterioro de la infraestructura carcelaria.
El Estado no ha tenido éxito en la reversión del problema de hacinamiento por la concurrencia de una serie de factores, como el retardo en la administración de justicia, las inadecuadas políticas penitenciarias, la corrupción en el sistema penitenciario y la escasa inversión en infraestructura carcelaria.
En este contexto, cobra relevancia la participación del capital y la gestión privados bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) como una alternativa para mejorar la situación carcelaria y reducir la criminalidad creciente. Por ello, esta investigación busca aportar elementos que permitan evidenciar que la concesión mediante APP para la construcción, la operación y el mantenimiento de un establecimiento penitenciario es una solución factible al hacinamiento carcelario y sus problemas conexos y en una alternativa viable desde el punto de vista económico-financiero y social en su conjunto. Para ello, se determinaron los beneficios y los perjuicios del modelo existente, la problemática actual de las cárceles y sus causas, y se elaboró un benchmarking de experiencias internacionales. Además, se determinó la viabilidad técnica, legal y económico-financiera del modelo propuesto. Para efectos del ejercicio financiero, la infraestructura proyectada se ubica en Huaral, donde actualmente opera un establecimiento penitenciario que, a la fecha, rebasa su capacidad de albergue en un 523%.
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Mary Mollo, profesora de ESAN Graduate School of Business, compartió en ATV+ los resultados del II Congreso Internacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático-2025, organizado por ESAN y que contó con la participación de 40 universidades. La especialista reveló una cifra alarmante: el 70% de la población peruana vive en zonas con algún nivel de riesgo. Ante esto, destacó el compromiso de las universidades por colaborar con las autoridades en la prevención de riesgos de desastres.
Mayra Arauco, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de ESAN University, expuso en Infobae el desbalance del uso del agua para la agricultura y el consumo humano. En esta línea señaló que el 85,9% del agua utilizada en el país se destina al riego.
Germán Lora, profesor de ESAN Business Law, advirtió en Infobae sobre un posible "punto de inflexión" en la gestión laboral: el Tribunal Constitucional evaluará si el retiro de confianza a personal de dirección debe implicar el pago de una indemnización por despido arbitrario. El experto señaló que un fallo en este sentido cambiaría las reglas del juego, "develando" una realidad jurídica que podría activar una ola de reclamos retroactivos por parte de extrabajadores.