
El sistema penitenciario peruano atraviesa por una situación de emergencia. La capacidad de recibir internos de las cárceles se encuentra rebasada, lo que causa problemas de salud física y mental en la población penitenciaria, y hace difícil, o casi imposible, la readaptación de esta; también genera escenarios de violencia y agresión, mayor dificultad en el control de conductas y actividades ilícitas, además de una mayor degradación y deterioro de la infraestructura carcelaria.
El Estado no ha tenido éxito en la reversión del problema de hacinamiento por la concurrencia de una serie de factores, como el retardo en la administración de justicia, las inadecuadas políticas penitenciarias, la corrupción en el sistema penitenciario y la escasa inversión en infraestructura carcelaria.
En este contexto, cobra relevancia la participación del capital y la gestión privados bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) como una alternativa para mejorar la situación carcelaria y reducir la criminalidad creciente. Por ello, esta investigación busca aportar elementos que permitan evidenciar que la concesión mediante APP para la construcción, la operación y el mantenimiento de un establecimiento penitenciario es una solución factible al hacinamiento carcelario y sus problemas conexos y en una alternativa viable desde el punto de vista económico-financiero y social en su conjunto. Para ello, se determinaron los beneficios y los perjuicios del modelo existente, la problemática actual de las cárceles y sus causas, y se elaboró un benchmarking de experiencias internacionales. Además, se determinó la viabilidad técnica, legal y económico-financiera del modelo propuesto. Para efectos del ejercicio financiero, la infraestructura proyectada se ubica en Huaral, donde actualmente opera un establecimiento penitenciario que, a la fecha, rebasa su capacidad de albergue en un 523%.
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Raúl Odría, docente de ESAN Business Law, reflexionó en ATV+ sobre el impacto del aumento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para 2026, la cual se incrementó en S/ 150, una cifra menor que los S/ 200 de años previos.
César Puntriano, profesor de ESAN Business Law, aclaró en El Peruano que el periodo de prueba tiene reglas específicas ante el reingreso de un colaborador. El experto explicó que, si un trabajador vuelve a la empresa antes de tres años y a un puesto similar, los tiempos laborados previamente se acumulan, por lo que no es exigible superar un nuevo periodo de prueba para gozar de estabilidad laboral.
Sandor Lukacs de Pereny, profesor de ESAN Graduate School of Business, sostuvo en Energiminas que el futuro de la minería peruana requiere dejar el modelo extractivo tradicional y adoptar un enfoque sistémico basado en economía circular, trazabilidad digital e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y reducir la huella de carbono. Advirtió que, aunque el Perú tiene avances normativos en IA, existen riesgos éticos por sesgos de datos y una brecha marcada entre la gran minería y las MIPYMES, lo que hace indispensable una articulación entre Estado, academia y empresa para impulsar una innovación verde inclusiva hacia 2030.