Desde el 2014, en el Perú se construyó menos infraestructura y se dejó de invertir unos USD 6000 millones anuales en promedio, según el cuadro inferior. A este ritmo, necesitaríamos unos cinco años solo para recuperar lo no invertido y cubrir la brecha actual (unos USD 35 000 millones), y otros 15 años más para cubrir la brecha de largo plazo (aproximadamente USD 110 000 millones), usando las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Existen varias razones que pueden explicar esta ralentización, y que ya fueron materia de otros artículos. Sin embargo, los resultados concretos son que, desde el 2014 y hasta antes de la pandemia, invertimos un 21 % menos en construcción de obras públicas, un 72 % menos en la ejecución de asociaciones público-privadas (APP) y un 40 % menos en la creación de infraestructura en general. 

Lamentablemente, a la sobrerregulación, a los marcos normativos inapropiados y a las reformas sin resultados del 2015 se sumaron, casi dos años después, los escándalos de corrupción que generaron un control excesivo y una tormenta perfecta que nos llevó a los resultados actuales.

Situación actual

En el Perú se adjudican estudios y obras públicas con un modelo enfocado en el menor precio, y no en la calidad ni en el menor valor de inversión más mantenimiento. Por ello, las obras tienden a ejecutarse con una calidad media o baja, que con un deficiente mantenimiento,  hacen que se cumpla el dicho "lo barato sale caro". 

En el caso de las obras públicas, los fideicomisos constituyen vehículos ideales para que el Estado delegue funciones que logren la ejecución de la infraestructura.

También se cuenta con una regulación que genera demasiados años de estudios y aprobaciones que no  garantizan la calidad,  muchos presupuestos subvaluados que crean desconfianza cuando se sobrepasan al construir, y un alto porcentaje de estudios con deficiencias. Además, el sistema de supervisión y control se enfoca en la desconfianza, la sanción y la ejecución de garantías, lo que lleva a situaciones como registrar casi S/17 000 millones en obras paralizadas.

Respecto a las APP, la ralentización se inició con una caída drástica de las adjudicaciones tras la reforma del sistema en el 2015, que sobre regula, incorpora nuevos actores sin mayor preparación y alarga el ciclo de evaluación y adjudicación de proyectos hasta cinco veces más. Por ello, las adjudicaciones de la gran infraestructura cayeron un 95 %, lo que generará un bajo nivel de construcción durante los siguientes años.

¿Cómo revertir la tendencia?

En el caso de las obras públicas, los fideicomisos constituyen vehículos ideales para que el Estado delegue funciones y logre acelerar la ejecución de infraestructura. Además, al introducir un sistema de gestión de proyectos (PMO) se reducen los riesgos de sobrecostos inesperados, paralizaciones por decisiones políticas o quiebre de financiamiento, así como incurrir en actos de corrupción, debido a que no es la institución quien licita, adjudica y paga, sino un vehículo independiente de las partes. 

La creación de estos fideicomisos puede realizarse con rapidez, abarcar muchos proyectos y aplicar las mejores prácticas internacionales de licitación, contratación y supervisión, con enfoques colaborativos. Por ello, representan una alternativa más dinámica y  masiva que los acuerdos Gobierno a Gobierno que se implementaron como excepción ante urgencias, como la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019. 

También es posible encargarles paquetes de los proyectos APP, embalsados por más de cinco años, o de obras por impuestos en los que el costo del PMO debería cargarse a los certificados de inversión. 

En el caso de los hospitales, estos podrían adjudicarse rápidamente en paquetes bajo contratos basado en índices de servicio, en los que se definiría el precio, tipo y estándar de calidad del servicio y se evitaría la letanía de años de revisiones y aprobaciones enfocadas en "el ladrillo, el cemento y los equipos" y no en la urgencia de iniciar operaciones. 

Bajo esa línea, el socio privado asumirá el costo para diseñar, financiar, construir, equipar y mantener la infraestructura y los equipos. Por su parte, el Estado proveerá el personal, brindará el servicio y pagará al socio privado. Lo mismo podría aplicarse con los colegios, donde el personal docente aún es parte de la planilla del Estado, pero trabaja en condiciones de excelencia.

Respecto a las obras por impuestos, hay que generar flexibilidad y agilidad en la revisión y aprobación de los expedientes técnicos ―principal fuente de retrasos y sobrecostos― y dotar de rapidez y certidumbre al proceso de emisión de  certificados. Adicionalmente, sería de mucha ayuda realizar unos pequeños ajustes normativos para acotar los gastos del gestor e incluir y fijar topes en el presupuesto del costo del PMO y de contingencias, e implementar oficinas especializadas en los ministerios de Salud, Educación, Transporte y Agricultura. 

Para concluir, lo que planteo es que, a corto plazo, se genere mayor inversión y que, en paralelo y a mediano plazo, se ataquen los principales problemas, se ajusten los marcos regulatorios y se impulsen el fortalecimiento institucional y el liderazgo. Asimismo, debe implementarse un Sistema Nacional de Catastro y de Expropiación para Infraestructura, una de las principales razones de retrasos en la mediana y gran infraestructura. ¿Qué otras medidas añadirías? Déjanos tu opinión.