Los requisitos, las prohibiciones y los cobros administrativos injustificados pueden elevar los costos operativos, limitar las inversiones y dificultar el acceso de ciudadanos y empresas al mercado. Según los rankings publicados por el Indecopi, durante el primer semestre de 2026, se eliminaron e inaplicaron 4619 barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. Ello representó un ahorro estimado superior a S/ 29 millones para la ciudadanía y el sector productivo.

¿Cuándo una exigencia administrativa se convierte en barrera burocrática?

Entre las principales razones, destacan:

• Limitaciones desproporcionadas. La limitación de horarios de atención sin justificación o el impedimento de actividades económicas mediante exigencias arbitrarias dificultan las operaciones empresariales y restringen el acceso al mercado.
• Solicitud de documentos existentes. Al exigir información que ya posee otra entidad pública, se contravienen los principios de colaboración interinstitucional y simplificación administrativa. También se generan trámites innecesarios para ciudadanos y empresas.
• Requisitos ajenos a la documentación oficial. La solicitud de documentos o procesos no contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) ni autorizados de forma legal añade exigencias que dificultan la gestión de trámites.
• Cobros fuera de la normativa. Al exigir tasas que no corresponden al costo real del servicio o carecen de sustento técnico, se generan cargas económicas indebidas para ciudadanos y empresas.
• Obligaciones injustificadas. La imposición de requisitos mediante disposiciones inferiores que contradicen normas de mayor jerarquía o exceden las competencias de la entidad constituye una posible barrera burocrática ilegal.

¿Qué efectos económicos generan estas restricciones?

Estas restricciones generan las siguientes consecuencias económicas:

• Sobrecostos para empresas y ciudadanos. Los trámites innecesarios, los pagos indebidos y las demoras operativas elevan los costos empresariales y dificultan el acceso oportuno a servicios.
• Menor inversión privada e innovación. Las restricciones injustificadas aumentan la incertidumbre regulatoria y desalientan proyectos empresariales, inversiones en infraestructura y desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.
• Desincentivo a la formalización. Los procedimientos demasiado costosos o impredecibles incentivan que empresas y trabajadores permanezcan en la informalidad para evitar cargas administrativas y económicas.
• Aumento de precios para los consumidores. Los costos adicionales derivados de exigencias injustificadas se trasladan a los precios de bienes y servicios, a la vez que reducen el poder adquisitivo de los hogares.

¿Cómo prevenir esta burocracia desde las propias entidades públicas?

Las entidades públicas deben revisar de forma periódica el TUPA, verificar el sustento legal de cada exigencia y controlar las competencias de los órganos responsables. Así, se evitan requisitos innecesarios, documentos que el Estado ya posee y disposiciones que contradigan normas de mayor jerarquía o excedan las facultades institucionales.

Otra medida consiste en evaluar la razonabilidad de las restricciones y calcular las tasas según el costo real del servicio, conforme a la metodología oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, la capacitación de funcionarios y servidores públicos es clave para identificar riesgos regulatorios, aplicar criterios de simplificación administrativa y evitar sanciones por imponer barreras ilegales o irracionales.

La prevención y eliminación de estos obstáculos mejora la eficiencia del Estado, promueve la competencia y fortalece el entorno empresarial.

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Referencias

Agencia de Noticias Andina. (2026, 16 de octubre). Indecopi eliminó más de 4,000 barreras burocráticas en primer semestre del año.

Diario Oficial El Peruano. (s. f.). Aprenda a reconocer una barrera burocrática y cómo denunciarla.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2022). Impacto económico de la imposición de barreras burocráticas en el Perú, 2021. Plataforma del Estado Peruano.

Mamani, E. (2026, 4 de septiembre). La exigencia de documentos o información que ya se encuentran en poder de la administración pública constituye una barrera burocrática ilegal, pues las entidades están obligadas a suministrar y poner dicha información a disposición de las demás entidades para la tramitación de los procedimientos administrativos [Resolución 0491-2021/SEL-Indecopi]. LP Derecho.