
El objetivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio es que las economías desarrolladas o sus empresas acrediten la reducción de emisiones de GEI a través de certificados de reducción de emisiones de carbono (CER), que se adquieren cuando las inversiones en países en vías de desarrollo usan tecnologías limpias aprobadas por la ONU.
La necesidad de negociar estos certificados ha creado un mercado internacional más conocido como el mercado del carbono, en vista de que a través de estos CER, cuya venta les significa un flujo de caja adicional, los inversionistas en tecnologías limpias pueden incrementar la rentabilidad de sus proyectos.
El aporte fundamental de este libro es un modelo cuyo propósito es desarrollar, mejorar y fortalecer el mercado de carbono en el Perú, con el fin de apoyar a pequeñas y medianas empresas para que puedan aprovechar las ventajas que ofrece la negociación de CER y así incrementar la rentabilidad de sus inversiones.
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Mary Mollo, profesora de ESAN Graduate School of Business, compartió en ATV+ los resultados del II Congreso Internacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático-2025, organizado por ESAN y que contó con la participación de 40 universidades. La especialista reveló una cifra alarmante: el 70% de la población peruana vive en zonas con algún nivel de riesgo. Ante esto, destacó el compromiso de las universidades por colaborar con las autoridades en la prevención de riesgos de desastres.
Mayra Arauco, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de ESAN University, expuso en Infobae el desbalance del uso del agua para la agricultura y el consumo humano. En esta línea señaló que el 85,9% del agua utilizada en el país se destina al riego.
Germán Lora, profesor de ESAN Business Law, advirtió en Infobae sobre un posible "punto de inflexión" en la gestión laboral: el Tribunal Constitucional evaluará si el retiro de confianza a personal de dirección debe implicar el pago de una indemnización por despido arbitrario. El experto señaló que un fallo en este sentido cambiaría las reglas del juego, "develando" una realidad jurídica que podría activar una ola de reclamos retroactivos por parte de extrabajadores.