A puertas de unas nuevas elecciones presidenciales y en medio de una segunda ola de la COVID-19, el Gobierno impuso nuevas medidas para evitar su agresiva propagación, y, por consiguiente, a los candidatos a moderarse en sus actividades proselitistas. Es por ello que las campañas electorales se han visto forzadas a desarrollarse en un nuevo formato: las plataformas digitales.

De esta manera, el Estado obliga a ejecutar las campañas proselitistas de manera virtual. Este tipo de comunicación se muestra como la única opción viable para mantener informado al electorado sobre las propuestas y el perfil de los candidatos. Ante esta nueva realidad, el Congreso determinó que toda propaganda electoral debe cumplir con principios básicos de legalidad, veracidad y autenticidad. Además, prohibieron los discursos discriminatorios o el contenido estigmatizante en todo contenido proselitista. Pero, ¿realmente las plataformas digitales tienen las garantías para seguir con el proceso electoral sin que se convierta en un campo de batalla entre los candidatos?

Sobre este tema, Sergio Cuervo, profesor del MBA y de la Maestría en Marketing de ESAN, indicó en el diario La República que no existe un mecanismo legal para enfrentarse a los bulos y difamaciones en redes sociales. "Regular lo que la gente diga o no va en contra de la libertad de expresión que todos tenemos y se perdería la esencia de las redes sociales. [Necesitamos] madurez para diferenciar una noticia falsa y el compromiso de los candidatos para que no jueguen sucio", sostuvo Cuervo.

"Las redes sociales son un medio importante de comunicación para todo lo que es un tema publicitario, y si se repasan las elecciones anteriores, sobre todo la última, las redes sociales se convirtieron en un canal importante para que los candidatos puedan acercarse a la población. Ahora, en el Perú no todos tienen acceso a internet, entonces, no podemos descuidar el uso de medios tradicionales; llámese periódico, radio, o televisión", remarcó Sergio Cuervo.

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Fuente: La República