Mucho se ha discutido sobre el rol empresarial del Estado peruano y sobre si este está cumpliendo su verdadera función, que, de acuerdo a la Constitución, es “realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional (Art. 60)”. Por ello, La Cámara consultó a expertos que explican cuál debería ser el verdadero rol que debe asumir el Estado como gestor y administrador de las empresas públicas.

Millones de pérdidas

Un estudio del IPE indica que, en los últimos 10 años, las empresas del Estado han perdido casi S/ 9.000 millones. “El Estado tiene un rol muy importante en la economía, participa regulando los mercados, promoviendo la competencia, pero su impacto como actividad empresarial ha traído consecuencias desfavorables en términos de costo fiscal”, menciona Víctor Fuentes.

Menor capacidad

En la misma línea coincide el director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN, César Fuentes, al subrayar que la gran disyuntiva está en si el Estado debe intervenir en sectores productivos estratégicos como energía, telecomunicaciones, aviación, entre otros. Ello, con el agregado de que cuando lo ha hecho, el resultado muchas veces no ha sido positivo. “Eso obedece a que el Estado como empresario, en la producción de bienes de servicios no públicos, tiene menores capacidades. En el área productiva es el privado el que tiene mejor desempeño”, asevera.

Sin embargo, hay empresas públicas que vienen logrando resultados económicos positivos, tal es el caso de las compañías de generación eléctrica, como Electroperú, que no aparece en la escena política y ejecuta un buen rol en la producción de energía, afirma César Fuentes. “Este es el caso de un servicio público que se puede manejar porque hay capacidad técnica, hay capacidad de gestión, pero no necesariamente lo tendría que hacer el Estado”, comenta.

Mejores gestores públicos

Fuentes sugiere que, por tanto, no se necesitan más empresas públicas, sino mejores gestores públicos y, para ello, primero, se debe acabar con el clientelismo político; y, segundo, tener una mayor capacidad de respuesta, es decir, una mejor calidad de la intervención pública, tanto a nivel municipal, regional y central.

No es momento de privatizar

Por su parte, el economista jefe del IPE, Víctor Fuentes, dice que es importante dotar a las instituciones de los mejores cuadros, sean públicos o privados. Y en el caso de la iniciativa privada de servicios públicos, este es perfectamente posible, pero requiere de un marco legal adecuado, de un esquema de incentivos bueno para asegurar el nivel de servicio idóneo para la población.

A su vez, el director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN, César Fuentes, apunta que también se necesita un servicio civil, y eso forma parte de una decisión política, porque aquí solo existe la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que aún es pequeño.

“En España y China hay servicio civil desde hace décadas. Ese tipo de funcionarios hace que la calidad de inserción pública sea superior y que no haya una base clientelar en la política. Esta es una reforma que se tiene que hacer en el Estado al margen de mayores sanciones y penas, así como mayor fiscalización, y todo obedece a un tema de capacidad de gestión”, exhorta.

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