El candidato presidencial Charlie Carrasco, del Partido Demócrata Unido Perú, propuso la muerte civil y el embargo de bienes para toda persona que cometa actos de corrupción en contra del Estado. A su vez, planteó la creación de una nueva oficina anticorrupción que goce de autonomía.

“Las procuradurías públicas a partir del año 2026, el 28 de julio, serán autónomas. Se creará la Oficina de Anticorrupción como un organismo constitucionalmente autónomo. Se implementará la responsabilidad civil y embargo de bienes para los alcaldes, gobernadores regionales, que incumplan sus funciones”, planteó.

Respecto a esta propuesta, el experto en gestión pública y desarrollo territorial de ESAN Manuel Paredes Palomino señaló que la medida no es novedosa, puesto que ya existen instituciones con funciones específicas para el control dentro del estado. Señaló que, por el contrario, lo que se necesita es fortalecer lo que ya existe para que funcione bien.

“Me parece que tiene dos aristas. La primera es que propone que las procuradurías públicas sean autónomas. En este aspecto, no está proponiendo nada nuevo porque actualmente las procuradurías ya tienen autonomía funcional por ley. Crear una nueva oficina anticorrupción probablemente va a duplicar las funciones de otras entidades como Contraloría, Fiscalía o la misma Procuraduría General del Estado. Entonces, probablemente no sea lo más eficiente tampoco”, comentó.

Charlie Carrasco brindó esta medida durante la exposición de ideas e intercambio en el bloque de integridad pública y lucha contra la corrupción. 

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