La discusión sobre los corredores suele centrarse en tarifas. Sin embargo, existe otro debate económico tan o más importante: cómo subsidar un servicio público sin crear rentas o ganancias supernormales ni distorsiones fiscales. El Decreto Legislativo (DL) n.º 1678 pone ese debate sobre la mesa. En la práctica, el Estado ya subsidia el transporte urbano al tolerar tarifas que no cubren costos.

Ventajas fiscales y tipos de esquema

El DL n.º 1678 permite diseñar esquemas donde el subsidio sea explícito, cuantificable y condicionado. Asimismo, permite los subsidios a la oferta, cruciales para la viabilidad de los corredores, y busca un nuevo equilibrio económico-financiero (EEF). En ese contexto, la idea de un valor actual neto (VAN) esperado y cercano a cero no debe verse como un castigo al sector privado, sino como una herramienta de disciplina económica. El operador no crea valor financiero, pero obtiene la rentabilidad justa que merece ganar por el riesgo que asume, a la vez que presta un servicio esencial de manera eficiente.

Este enfoque tiene tres ventajas fiscales claras. En primer lugar, evita rentabilidades extraordinarias financiadas por el Estado. En segundo lugar, reduce la probabilidad de rescates futuros. En tercer lugar, permite presupuestar el costo real del servicio, en lugar de ocultarlo detrás de bandas tarifarias inviables.

El riesgo, por supuesto, es diseñar esquemas que se conviertan en subsidios abiertos o garantías implícitas de rentabilidad. Por eso, cualquier modelo bajo el DL n.º 1678 debe cumplir tres principios: eficiencia demostrable, ingresos fijados ex ante y ausencia de ajustes automáticos para cerrar retornos. Bajo este marco, existen al menos dos esquemas regulatorios viables:

• Regulación por costo de servicio. En este esquema, el ingreso del operador se determina en función de los costos operativos eficientes, la depreciación de la flota y una remuneración de referencia al capital invertido. Su mayor desventaja es la alta carga regulatoria y el riesgo de debilitar incentivos a la eficiencia.
• Remuneración por anualidades. En este esquema, similar al de transmisión eléctrica, el operador recibe un pago anual fijo, calculado ex ante para cubrir la inversión y el costo de capital y los costos de operación y mantenimiento eficientes, más una utilidad. El riesgo de la demanda se traslada al Estado, lo que resulta lógico porque depende sobre todo de las acciones del regulador. Entre sus ventajas, tenemos la estabilidad contractual, la reducción de renegociaciones, la menor carga regulatoria y la transparencia del subsidio.

El DL n.º 1678 no resuelve por sí solo el problema del transporte urbano, pero sí permite un debate honesto sobre cuánto cuesta el servicio y quién debe asumir cada riesgo. En un contexto de restricciones fiscales, esa transparencia no es un lujo, es una necesidad.

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