En el 2020, la minería no fue ajena a los efectos de la pandemia ni a las decisiones tomadas por el Gobierno, que incluyeron la paralización de casi todas las actividades económicas por dos meses, aproximadamente. En este periodo, solo se permitió realizar actividades críticas, adaptadas a las nuevas condiciones de bioseguridad.

Esta situación provocó un descenso de casi el 50 % en la actividad minera durante abril y mayo, según INEI. La recuperación empezó a paso lento en junio, cuando el Gobierno permitió el reinicio de las actividades económicas por fases. En el caso de la minería, fue posible trabajar con "normalidad", pero con protocolos estrictos de bioseguridad y de procedimientos engorrosos para el transporte de personal, insumos, entre otros.

Crecimiento con incertidumbre

Se espera que el 2021 sea un año de recuperación para el Perú, con proyecciones del 9 % de crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la segunda ola de la COVID-19 y nuevas cuarentenas han hecho que la incertidumbre aumente sobre el crecimiento económico de este año.

En medio este contexto, la minería sigue siendo considerada como el principal sector que puede dinamizar y recuperar nuestra economía en el corto plazo. Es un rubro que ha demostrado su resiliencia, al recuperase muy rápido durante el 2020, hasta volver, en noviembre del año pasado, a niveles de producción previos a la pandemia.

Para este año, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima un crecimiento del 14.4 % en el sector minería, debido, sobre todo, a la normalización de sus operaciones, la entrada en operación de Mina Justa de Marcobre y la ampliación de Toromocho de Chinalco. En los siguientes años se espera la entrada en operación de Quellaveco de Angloamerican y, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el inicio de la construcción de unos 13 proyectos por USD 11 750 millones. Su entrada en operación permitirá que la economía no solo se recupere, sino que se mantenga en positivo.

No obstante, la minería también tiene importantes retos que afrontar en este y los siguientes años. Solo con el apoyo de un Gobierno decidido a mejorar la competitividad del país y del sector minero, se podrá revertir la imagen poco positiva que tiene, reducir la conflictividad social en el entorno de sus operaciones, optimizar los procedimientos administrativos para facilitar los proyectos mineros y enfocarse en darle viabilidad a las exploraciones, a fin de seguir encontrando proyectos que permitan un flujo de inversiones sostenidos en este sector.

Acciones urgentes

Ante unas próximas elecciones generales para elegir un nuevo Gobierno, se espera que la siguiente administración tenga una agenda minera que aborde los siguientes aspectos:

1. Alternativas de inversión temprana en las comunidades cercanas a las operaciones y proyectos mineros, para que las poblaciones sientan los efectos positivos que deja el sector. Incluso, debería invertirse antes de la entrada en operación de algún proyecto minero, con cargo a los futuros impuestos que pagará. Este mecanismo podría dar muy buenos resultados si se estructura un aparato estatal eficiente para realizar inversiones tempranas.
2. Simplificación administrativa, con la creación de auténticas ventanillas únicas de atención, eliminación de requisitos innecesarios en los procedimientos, el refuerzo de las capacidades técnicas de los funcionarios públicos, la reducción de la discrecionalidad y el cumplimiento de los plazos establecidos en las normas. También es importante trasladar las verificaciones de ciertos aspectos al ente fiscalizador durante la etapa de operación del proyecto. Aquí sería bueno establecer regulaciones diferenciadas por tipos de actividad, ya que las condiciones de operación entre empresas pequeñas, medianas y grandes determinan tiempos distintos en los ciclos de vida de sus componentes y no pueden esperar plazos largos en los permisos o autorizaciones.
3. Acompañamiento real e intensivo a los inversionistas mineros en sus relaciones con las comunidades, no solo como entes neutrales o de verificación para que se cumplan las normas, sino también para lograr la implementación de los proyectos mineros que tendrán efectos positivos no solo en sus comunidades, sino en todo el país. Así, se evitaría la infiltración de agentes externos que solo buscan beneficios personales y no de las comunidades.

Asimismo, hay que mencionar que hoy existen grandes proyectos mineros esperando el apoyo de un Gobierno que les facilite su ejecución, como Tía María y Conga. Ambos podrían iniciar mañana y lograr su viabilidad social por sí solos. También existen otro número importante de proyectos por venir y que no deberían pasar por estos caminos tortuoso de los permisos y de los conflictos sociales.

Finalmente, según estudios del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), de manera directa e indirecta, más de 5.6 millones de peruanos dependen de este sector que solo ocupa el 1 % de todo el territorio nacional. Por ello, apoyar y facilitar la ejecución de los proyectos mineros que tenemos en cartera (unos USD 48 millones) es una alternativa para generar más oportunidades de empleo para millones de peruanos.

Fuente: Revista Rumbo Minero
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