
Para ello se analizan desde modelos de gestión privada integral, mediante esquemas de concesión en el marco de las asociaciones público privadas, hasta los de gestión directa municipal, en el caso de que los costos privados superen a los públicos. Los modelos estudiados son, en su mayor parte, de gestión mixta, que cuentan con posibilidades de apoyo y financiamiento internacional y en los cuales los riesgos del proyecto se comparten entre el sector público y el privado. Con modelos de esta naturaleza, las municipalidades pueden reducir sus costos y las empresas privadas obtener una rentabilidad esperada. El sustento de una gestión eficiente de residuos sólidos está en el desarrollo de un plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos en el que se debe incorporar, además, la relación con el sector informal de manejo de residuos sólidos, y fortalecer los temas de sensibilización y capacitación de la ciudadanía.
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Raúl Odría, docente de ESAN Business Law, reflexionó en ATV+ sobre el impacto del aumento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para 2026, la cual se incrementó en S/ 150, una cifra menor que los S/ 200 de años previos.
César Puntriano, profesor de ESAN Business Law, aclaró en El Peruano que el periodo de prueba tiene reglas específicas ante el reingreso de un colaborador. El experto explicó que, si un trabajador vuelve a la empresa antes de tres años y a un puesto similar, los tiempos laborados previamente se acumulan, por lo que no es exigible superar un nuevo periodo de prueba para gozar de estabilidad laboral.
Sandor Lukacs de Pereny, profesor de ESAN Graduate School of Business, sostuvo en Energiminas que el futuro de la minería peruana requiere dejar el modelo extractivo tradicional y adoptar un enfoque sistémico basado en economía circular, trazabilidad digital e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y reducir la huella de carbono. Advirtió que, aunque el Perú tiene avances normativos en IA, existen riesgos éticos por sesgos de datos y una brecha marcada entre la gran minería y las MIPYMES, lo que hace indispensable una articulación entre Estado, academia y empresa para impulsar una innovación verde inclusiva hacia 2030.