La inclusión financiera constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico sostenible y la reducción de la desigualdad en el Perú. A pesar de los avances registrados en las últimas décadas, el país continúa enfrentando profundas rechas en el acceso, uso y calidad de los servicios financieros, particularmente entre los hogares de menores ingresos, las micro y pequeñas empresas (mypes), las zonas rurales y la población en situación de informalidad. Esta realidad limita la capacidad de los ciudadanos para ahorrar, invertir, gestionar riesgo y mejorar su bienestar económico, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión social. 

En el contexto de las elecciones presidenciales, resulta imperativo que los candidatos incorporen propuestas claras, viables y articuladas de inclusión financiera dentro de sus planes de gobierno. Estas propuestas deben reconocer que la inclusión financiera no es únicamente un tema bancario, sino un instrumento transversal de política pública que incide directamente en la formalización económica, la productividad, la cohesión social y la reducción de brechas territoriales y sociales. 

Diagnóstico estructural: informalidad, brecha social y baja cultura financiera

El Perú presenta niveles de informalidad persistentemente elevados, que superan el 70% del empleo total. Esta informalidad se traduce en una débil relación entre amplios segmentos de la población y el sistema financiero formal, lo que restringe el acceso al crédito productivo, al ahorro seguro y a mecanismos de protección financiera. La informalidad no solo es una causa, sino también una consecuencia de la exclusión financiera, generando un círculo vicioso que limita el crecimiento inclusivo. A continuación, se presentan algunas propuestas: 

Propuesta 1: Inclusión financiera como eje de la formalización económica

Los candidatos presidenciales deben plantear la inclusión financiera como un instrumento central de la estrategia nacional de formalización. Esto implica diseñar políticas que integren el acceso a servicios financieros con incentivos tributarios, laborales y productivos para la formalización de trabajadores independiente y mypes. 

Propuesta 2: Fortalecimiento de la educación y cultura financiera

La mejora de la cultura financiera debe constituir una política de Estado de largo plazo. Los planes de gobierno deberían incluir la incorporación obligatoria de contenidos de educación financiera en el sistema educativo: escolar, técnico y universitario. Los contenidos debe enfocarse en ahorro, crédito responsable, planificación financiera y uso de medios digitales, adaptados a cada etapa educativa. 

Propuesta 3: Digitalización financiera con enfoque educativo

La digitalización representa una oportunidad clave para ampliar la inclusión financiera en territorios y poblaciones tradicionalmente excluidas. Es necesario expandir la infraestructura digital financiera en zonas rurales y periurbanas mediante alianzas público-privadas. Se debe priorizar la conectividad, la interoperabilidad de pagos digitales y el uso de billeteras electrónicas para reducir costos de transcacción. 

Propuesta 4: Inclusión financiera con enfoque territorial y social

La inclusión financiera debe adaptarse a las particularidades territoriales y culturales del país. 

Propuesta 5: Fortalecimiento de cajas municipales y cooperativas

Reforzar el rol de las cajas municipales, rurales y cooperativas como actores clave de inclusión financiera local, promoviendo su modernización tecnológica, solidez financiera y alcance territorial. 

Propuesta 6: Crédito productivo inclusivo para mype

Crear líneas de crédito productivo con tasas preferenciales y garantías parciales del Estado para micro y pequeñas empresas, vinculadas a planes de negocio y acompañamiento técnico, evitando el sobreendeudamiento. 

Propuesta 7: Inclusión financiera con enfoque de género y juventud

Desarrollar productos financieros específicos para mujeres y jóvenes, reconociendo sis barreras particulares de acceso al crédito, al empleo y al emprendimiento. Esto contribuirá a reducir brechas estructurales y promover la autonomía económica. 

La inclusión financiera no debe ser trasladada como una política aislada, sino como un eje transversal del modelo de desarrollo del Perú. Es necesario establecer un sistema nacional de gobernanza de la inclusión financiera con indicadores claros, metas anuales y mecanismos de seguimiento, asegurando la coordinación entre el Estado, el sistema financiero y la sociedad civil. 

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