
La última edición de la CADE dejó en claro que la innovación es un pilar fundamental del desarrollo. Así, el Estado y las empresas deben entender la innovación como un proceso vital e importante dentro de toda gestión estratégica. Durante este foro, se coincidió que el Estado debe ser el promotor de la innovación, pues es uno de los caminos hacia la inclusión social y al crecimiento sostenido.
De igual manera, la innovación debe estar presente desde la educación hasta el involucramiento en los programas sociales por parte de la sociedad, la empresa privada y el Estado.
Los expositores de la CADE coincidieron en señalar que la innovación es un proceso continuo y es la ruta de crecimiento y rentabilidad de los negocios. En consecuencia, es necesario invertir en investigación y desarrollo para expandir y posicionar un negocio en el mercado.
No obstante, los recursos al interior de las empresas son escasos e insuficientes como para que ellas puedan abordar solas un esfuerzo innovador. Por ello, es preciso vencer el recelo natural de los empresarios a abrir las puertas de sus empresas a investigadores de universidades o institutos que pueden ayudarles a solucionar problemas tecnológicos, a generar nuevos productos, procesos o servicios.
Hoy, el modelo de innovación abierta -mediante el cual el trabajo innovador se desarrolla fuera de las cuatro paredes de la empresa como es el ámbito académico, e incluso trabajando concertadamente con la competencia- está demostrando que resulta un medio mucho más eficiente que permite logros impensados en materia de cantidad y calidad de nuevos productos.
Actualmente los sectores que más invierten en innovación son el farmacéutico, productos naturales, software, agrario, agroindustrial y el metalmecánico, principalmente.
El Perú invierte únicamente US$ 8 por habitante en investigación y desarrollo, lo que corresponde al 0.15% de nuestro PBI. Mientras que Chile invierte alrededor de US$ 70 por habitante (0.70% del PBI). Y si hablamos de países desarrollados, Corea del Sur invierte más de US$ 500 al año y para el 2020 proyectan llegar al 5% de su PBI.
Para Edgar Cateriano, profesor de Gestión de la Innovación en ESAN, la inversión en innovación es sinónimo de apuesta por el desarrollo del conocimiento y, en consecuencia, el Estado debe reconocer y potenciar el conocimiento de la nación, empezando por hacer un "mapeo" para saber cuál es su situación.
"Solo así se podrá reconocer dónde están los vacíos cognitivos que tenemos como sociedad, pudiendo impulsarlos así de forma estratégica", expresó. En ese sentido, Cateriano consideró que la determinación del monto que se debe invertir en innovación no se debería dar en función al PBI, sino de acuerdo a lo que estratégicamente consideramos pertinente para desarrollar los conocimientos que se necesitan para que la innovación en el Perú sea una intensa realidad.
¿Qué hace falta para que se incremente la inversión en innovación? ¿Es algo más que un tema de decisión política?

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Jhonnatan Horna, profesor del área de Operaciones y Tecnologías de la Información de ESAN, precisó en Gestión que la adopción de la IA no es un desafío tecnológico, sino de gestión del cambio. El docente sostuvo que, para evitar que estas herramientas terminen abandonadas, los líderes deben priorizar la utilidad real sobre la novedad y crear un entorno seguro donde el equipo pueda experimentar sin miedo al error.
César Puntriano, profesor de ESAN Business Law, analizó en La República el último informe del Banco Mundial sobre pobreza, advirtiendo que mientras la región mejora, el Perú sigue lejos de sus niveles prepandemia (27.6 % vs 20.2 % en 2019). El experto enfatizó que la movilidad social depende exclusivamente del crecimiento económico y la inversión privada, motores que hoy se ven frenados por la inseguridad ciudadana y la incertidumbre jurídica.
Sandor Lukacs, profesor de ESAN Graduate School of Business, indicó a la revista Energiminas que la minería peruana debe abandonar el esquema lineal para adoptar un enfoque sistémico basado en la economía circular y la digitalización. El experto destacó que, si bien la inteligencia artificial es clave para la eficiencia y la fiscalización ambiental, existe un riesgo ético urgente: el "sesgo estructural" de algoritmos que ignoran la realidad local.