El impulso de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en proyectos de infraestructura puede paliar importantes problemas generados por la crisis actual, como la gran pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos en el sector formal.

Cuando empezó la cuarentena en marzo, la inversión en infraestructura en el Perú ya arrastraba un preocupante descenso de varios años. Ahora, con recursos fiscales disminuidos para ejecutar obra pública, el panorama se avizora más sombrío si es que no se toman medidas urgentes, como las de atraer inversión privada vía APP.

Inversión para crecer

Con un déficit de infraestructura pública superior a US$ 160 000 millones, Perú se ubica en el puesto 88 en infraestructura y en el tercio inferior mundial de conectividad, calidad de infraestructura vial y acceso a electrificación. Para superar este problema, se requieren invertir unos US$ 15 000 millones anuales en infraestructura, ritmo inalcanzable e insostenible para nuestros recursos públicos y capacidad de ejecución.

Ante esta problemática, desde hace 20 años aproximadamente, se estableció como política de Estado la promoción de la inversión privada en gran infraestructura para impulsar y acompañar el desarrollo de la economía, ubicando al Perú como referente latinoamericano de las APPs, llegando a ejecutar hasta casi US$ 5000 millones en el 2015.

Los resultados de este modelo de éxito se reflejan en los 135 contratos adjudicados por ProInversión en diferentes sectores, con compromisos de inversión por cerca de US$ 35 mil millones, por lo que el país cuenta con al menos 144 infraestructuras financiadas y operadas por el sector privado.

Evolución de la inversión en APP

Pese a los logros alcanzados, durante el último quinquenio hemos sido testigos de cómo la adjudicación de proyectos y la ejecución de inversiones decayeron de forma alarmante.

El punto de inflexión coincidió con el nuevo marco legal que no atacó el problema de fondo (incumplimiento del Estado de sus compromisos de expropiaciones, aprobaciones y liberación de interferencias), sobre reguló los procesos de estudios y le quitó a ProInversión el liderazgo en la estructuración y promoción de APP para otorgárselo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Reflejo de este retroceso es que respecto del 2014, la inversión privada en el 2019 cayó un 72 % y las adjudicaciones en más de 90 %. Otro dato que llama la atención es que el Estado solo firmó contratos para 2 de las casi 300 iniciativas privadas presentadas entre 2013 y 2017.

Además, como producto de unos 5 proyectos -2 de ellos concesiones viales municipales en los que ProInversión, no tuvo participación se sobregeneraron suspicacias con respecto al modelo, sin tener en cuenta que la solución tampoco pasa por paralizar las inversiones en infraestructura.

Lamentablemente, luego de los malos resultados alcanzados, las autoridades y la sociedad civil aún no toman consciencia de la importancia de retomar la inversión en infraestructura como fuente de desarrollo, ni del grave impacto que tiene en el crecimiento económico la ralentización del sector.

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Fuente: Revista Perú Construye