
Cada año la tecnología y la hiperconectividad crecen en la vida de las personas y las empresas, tanto públicas como privadas. Sin embargo, no todo son buenas noticias en este momento, ya que también hubo un considerable incremento de los ciberataques en América Latina.
Marsh y Microsoft realizaron el estudio Percepción del riesgo cibernético en Latinoamérica 2019, que determinó que los casos de ciberseguridad han pasado de robo de datos a esquemas más sofisticados que pueden afectar industrias, cadenas de suministro y negocios. El 73 % de los encuestados aseguró que el riesgo cibernético es una de sus principales preocupaciones.
Ante este panorama, las empresas, además de desarrollar una fuerte cultura organizacional de seguridad cibernética, han pedido leyes que garanticen la ciberseguridad en América Latina. Al respecto, Gianncarlo Gómez, profesor del curso Gestión de la Ciberseguridad del PEE de ESAN, menciona: "Los marcos legales en América Latina van a permitir fomentar la regulación y la implementación de buenas prácticas en busca de garantizar la confidencialidad y la integridad de la información, tanto de entidades públicas como privadas".
En el caso del Perú, se mantiene la Ley de Ciberdefensa, que fue aprobada por el Congreso de la República este año. Sin embargo, se presentó otro proyecto de ley, Ley de Ciberseguridad, que fue observada y que hasta el momento no ha sido aprobada. Cabe resaltar que esta ley permitiría a las entidades públicas y privadas implementar las buenas prácticas en temas de ciberseguridad.
El especialista de ESAN también destacó que "no se está vigilando la ciberseguridad en entidades privadas. Cuando hablamos de infraestructuras nacionales, vemos empresas de comunicación, salud, transporte, petróleo. Casi el 99% aparecen en el sector privado. El Estado no regula la ciberseguridad, por eso hay inconvenientes. Y la Ley de Ciberseguridad busca implementar marcos regulatorios, buenas prácticas, que sean contrastables".
Cabe resaltar que el 53 % los encuestados del estudio mencionado anteriormente considera que las políticas y regulaciones sobre ciberseguridad son fundamentales para combatir los ciberataques en América Latina. Asimismo, se conoció que el 75% evalúa los riesgos cibernéticos antes de la adopción de nuevas tecnologías.
Hoy en día muchas empresas están recibiendo ataques cibernéticos de forma inesperada. La información sensible que cae en manos equivocadas puede generar muchos problemas para una organización. Por ese motivo, se entiende la necesidad de leyes para la Ciberseguridad no solo en el Perú, en toda América Latina y en el mundo.
Fuentes:
El Peruano: Ciberseguridad es una de las principales preocupaciones en América Latina
Hora.es: 5 motivos por los que hay que preocuparse por la ciberseguridad en América Latina
La República: Legislación para protección digital del Perú
https://larepublica.pe/economia/2019/08/06/legislacion-para-proteccion-digital-del-peru/
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Jorge Guillén, docente de los programas del área de Finanzas de ESAN, explicó en ATV+ que, aunque el dólar cayó a su nivel más bajo en nueve años (S/ 3.30) , no es recomendable asumir deudas a largo plazo en esta moneda por el inminente riesgo electoral. El experto sugirió aprovechar este tipo de cambio exclusivamente para préstamos de corto plazo (uno o dos años) y recomendó comprar dólares como método de ahorro ante una posible alza futura.
Arturo García, docente de los programas de Finanzas de ESAN, explicó en RPP cómo elegir la cuenta de ahorros ideal según el perfil del usuario, destacando las opciones digitales sin mantenimiento y las cuentas sueldo. El experto recomendó confiar en el sistema financiero peruano y recordó que el Fondo de Seguro de Depósito protege hasta 118 000 soles, por lo que descartó guardar dinero "bajo el colchón" y sugirió explorar alternativas como los fondos mutuos.
Jorge Bravo Cucci, profesor de ESAN Business Law, explicó en ATV+ que el sector inmobiliario superó el estancamiento generado por la inestabilidad política y la pandemia, mostrando un renovado dinamismo. Asimismo, recordó la obligación de pagar el 5% de impuesto a la renta por el alquiler o venta de una segunda vivienda e instó a la formalización, señalando que exigir comprobantes de Sunat permitió a los inquilinos deducir impuestos y combatir la alta evasión.