Las lecciones de Las Bambas

Las lecciones de Las Bambas

Es probable que desde el conflicto social originado en el proyecto minero Tía María, no tuviéramos un desencuentro entre una empresa minera, la comunidad y el Estado. A continuación, un análisis sobre las lecciones que nos viene dejando Las Bambas.

Por: José Salazar A. el 29 Marzo 2019

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Posiblemente, desde el conflicto social en el proyecto minero Tía María, no teníamos un nuevo desencuentro entre una empresa minera, la comunidad y el Estado

Por ello, la actual crisis que se desarrolla alrededor la empresa minera Las Bambas nos deja varias lecciones que debemos atender. La primera es que se tiene que reforzar la capacidad de prevención, en aquella fase que la Defensoría del Pueblo llama fase temprana, y que es cuando los actores involucrados dan a conocer públicamente que tienen una incompatibilidad de objetivos, medidas posiciones intereses existentes respecto a una materia en discusión.

El conflicto en Las Bambas, en su fase temprana, empezó en agosto del 2018 y fue escalando progresivamente hasta llegar a convertirse en una crisis e impactar negativamente en la empresa y en los pobladores que deben transitar líbremente por la carretera tomada. Es decir, hubo tiempo suficiente para analizar el tema, dialogar y encontrar una salida adecuada que satisfaciera a las partes involucradas.

Hay que precisar que el Estado, contrariamente a la opinión generalizada, sí está presente. Quizás no satisface las necesidades, pero hay gobernadores, alcaldes provinciales y distritales que representan al Estado. Lo que falta es una capacitación en términos de desarrollo social.

La segunda lección es que el Estado, aun cuando exista un conflicto social en marcha, tiene que actuar de manera apropiada y pronta, mostrando firmeza y autoridad para exigir el respeto a las leyes. Tomar una carretera, una vía de acceso pública, es un delito en el país. Pero, al hacerlo, tiene que emplear las herramientas que le da la ley, evitando en todo momento una confrontación innecesaria y, menos, una afectación a los derechos humanos de los que protestan. 

Sin duda, la actividad minera está rodeada de complejidades, a pesar del gran impacto económico que tiene sobre las poblaciones y la economía del Estado. Hay que recordar, por ello, que es importante conocer los roles que cada uno de los actores debe desempeñar. El primer responsable de que una concesión minera opere fluidamente, en bien de las inversiones y delas comunidades, es el Estado; se debe destacar el beneficio directo (canon) como contraparte del impacto que se genere.

Si el Estado, la empresa privada y la población conocen, explícitamente, sus deberes y derechos, se evitará no solo la posible desconfianza sino también una infinidad de conflictos.

Se tiene que dejar en claro que es el Estado el obligado a brindar los servicios básicos; las empresas pueden apoyar en esta tarea, pero nunca reemplazar al sector público. Si esto ocurre, las poblaciones con carencias voltearán, siempre, a los privados, receta segura para terminar en desencuentros que, si se mantienen, derivan en conflictos.

Hay que precisar que el Estado, contrariamente a la opinión generalizada, sí está presente. Quizás no satisface las necesidades, pero hay gobernadores, alcaldes provinciales y distritales que representan al Estado. Lo que falta es una capacitación en términos de desarrollo social.

La empresa privada tiene que respetar los derechos de las personas, mantener un relacionamiento adecuado, ejecutar proyectos sociales con valor compartido, tener procesos de comunicación y transparencia, mantener informados a los pobladores y a los dirigentes de los impactos que se van a producir. Es así como generan sus derechos a usar y a explotar la concesión. Es responsabilidad del Estado explicar estos conceptos desde la etapa cero de los proyectos.

La población, por su parte, debe hacer cumplir sus derechos fundamentales frente a las concesiones, pero también tiene responsabilidades que asumir, como dejar que la operación se desarrolle de una forma natural, respetando los acuerdos establecidos con el Estado y las mineras. 

El gobierno tiene grandes expectativas centradas en la inversión minera, pero esta no será posible con los problemas sociales que vemos. El Estado tiene que buscar el cese de los conflictos sociales con una visión de prevención.

Hay que precisar que el Estado, contrariamente a la opinión generalizada, sí está presente. Quizás no satisface las necesidades, pero hay gobernadores, alcaldes provinciales y distritales que representan al Estado. Lo que falta es una capacitación en términos de desarrollo social.

José Salazar A.

Periodista y comunicador con más de 25 años de experiencia gerencial en Asuntos Públicos, Comunicación Corporativa, Reputación, Responsabilidad Social  y Gestion de Crisis. En el sector privado se ha desempeñado como Gerente de Comunicación y Sostenibilidad en Lamsac, Gerente Adjunto de Asuntos Corporativos en Compañía Minera Antamina y Gerente de Comunicaciones y Responsabilidad Social en Minera Milpo.

En el ámbito público, ha sido asesor de dos ministros de Educación (años 2014 y 2019, Gerente de Comunicaciones de DEVIDA y Jefe de Prensa en el Banco Central de Reserva del Perú. Tiene una maestría en Comunicaciones otorgada por la Universidad de Missouri, Estados Unidos; un Diplomado en Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú; un Programa de Especialización Económica y Financiera en ESAN; un Programa de Reputación Corporativa del Reputation Institute y un Programa Avanzado de dirección en Responsabilidad Corporativa del IE Business School de Madrid. Es docente post grado de los cursos de Estrategias de Comunicación y manejo de RRPP (Diplomado Internacional de RRCC y RSE) y Gestión de la Comunicación Organizacional (MAODP) en ESAN. Es fundador y CEO de Proel, una firma especializada en prevención y gestión integral de crisis y, además, Director en el Perú de Villafañe y Asociados, la consultora española pionera en estudios de reputación.

 

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