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Las redes sociales y la gestión de gobierno
Las redes sociales y la gestión de gobierno
Las entidades públicas tienen, a partir de las redes sociales, una gran oportunidad para mejorar exponencialmente su relación con los ciudadanos y profundizar la democracia.
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Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta comunicacional para la administración pública, al punto que han transformado la forma en que las distintas entidades gubernamentales se relacionan con los ciudadanos.
No nos referimos únicamente al hecho que las entidades de la administración pública pueden difundir mejor su labor a través de las redes sociales, sino también, a que estas pueden constituirse en herramientas de gestión pública abiertas que permitan una mayor participación de los ciudadanos, especialmente a través de la fiscalización y la presentación de sugerencias para mejorar la calidad del servicio que brindan las organizaciones de gobierno.
Hasta el momento, al menos en el caso peruano, lo que predomina entre entidades públicas y ciudadanía en el ámbito de las redes sociales, es una comunicación bidireccional orientada a la información, haciendo falta dar un salto que vaya más allá en términos de participación y toma de decisiones.
Ciertamente, se han dado casos de fiscalización ciudadana a funcionarios públicos en temas relacionados con seguridad, corrupción, malos actos, etc. En estos casos las redes sociales funcionan bien como alertas que ponen a prueba la capacidad de reacción de las autoridades. Pero este es solamente un factor que de hecho nos muestra el potencial de las redes sociales como instrumento de gobierno participativo, lo cual va mucho más allá de afrontar crisis que afectan la imagen corporativa.
En consecuencia, las redes sociales se presentan como una gran oportunidad para profundizar la democracia sobre la base de la transparencia y la participación ciudadana, facilitando el involucramiento de las personas en la evaluación, definición, diseño y desarrollo de las políticas públicas.
Esto es aplicable en los tres ámbitos de gobierno (central, regional y local), como también en los diferentes poderes públicos (ejecutivo, legislativo, electoral y judicial). Cada entidad tendría que trazar en sus planes de trabajo las políticas específicas que les permitan recoger las propuestas de los ciudadanos y la fiscalización que provenga de ellos.
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Elaboración: Press Consulting
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