Cuando un conflicto social vinculado al sector minero se encuentra en su etapa inicial (es decir, cuando la resistencia al proyecto aún no trasciende al ámbito de la manifestación pública), el Estado o la compañía minera suelen iniciar o repetir el proceso de consulta a la población para ver si cuentan con la aprobación del proyecto, lo que se denomina la licencia social.

Pero si el conflicto avanza y se dan las primeras manifestaciones públicas de rechazo al proyecto cuestionado, se espera que el Estado reaccione con algún mecanismo de diálogo como las mesas de diálogo, la mediación de terceros o el nombramiento de comisiones estatales de alto nivel con participación de altos funcionarios, incluyendo ministros de Estado.

En esos escenarios las compañías y el estado suelen ofrecer ciertas concesiones, dándose la posibilidad de llegar a acuerdos entre las partes. De no ser así, se propone la suspensión temporal o el retraso del proyecto para facilitar un mejor clima para la negociación. Seguidamente, el Estado propone, entre otros temas: revisar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cuestionado por los representantes de la población; aumentar los ingresos a nivel local; establecer nuevas condiciones ambientales o sociales a los proyectos.

Pero si fallan el diálogo y la negociación se suceden manifestaciones de oposición a los proyectos que incluyen la paralización de labores en una localidad o región, con el corte de carreteras y otras expresiones violentas. Ante ello el Estado reprime las manifestaciones para restaurar el orden, generándose una espiral de violencia insostenible que hace que el proyecto en cuestión pase a ser socialmente inviable. Estos son los casos de proyectos como Conga o Tía María.

Ese es el recorrido que suelen tener los conflictos sociales que terminan en la postergación indefinida de un proyecto minero.

Transformar los conflictos en oportunidades

En el documento Minería y conflicto social publicado por el IEP se menciona el caso Tintaya como la experiencia más "exitosa" de todas las estudiadas, basada en la construcción de espacios de diálogo y acuerdos entre empresa, Estado, comunidades y representantes de la sociedad civil. Sin embargo -advierten los investigadores- dadas la debilidad institucional del Estado y la fragmentación y multiplicidad de intereses sociales que se perciben afectados por la actividad minera, la amenaza de estallidos de protesta quedaba siempre latente.

No obstante de esta experiencia se rescata que si bien la conflictividad estructural persiste, los espacios de diálogo permiten que el conflicto sea canalizado por medios institucionalizados y pacíficos.

Es por ello que existe la posibilidad de transformar las situaciones de conflicto en oportunidades para mejorar las políticas estatales y de las compañías mineras, abordando los problemas estructurales que causan los conflictos. Estos pueden ser un espacio para replantear las políticas públicas y debatir y afrontar problemas estructurales como pobreza, marginación, corrupción y degradación ambiental. Es así como surge una corriente que aboga por las políticas de transformación de conflictos que propone, entre otros aspectos, la creación de un Sistema Nacional Consolidado de Manejo de Conflictos capaz de transformar -y no solo administrar-- los conflictos en oportunidades de desarrollo local y regional. 

FUENTE CONSULTADA:

Documento de trabajo "Industrias extractivas y manejo de conflictos", publicado por GRADE.

Documento de trabajo "Minería y conflicto social", del IEP, GRADE, CIPCA y CIES, publicado.

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