
Para lograr el desarrollo de un país se requiere la mejora del sector empresarial en su conjunto, es decir, de todos sus tipos de empresas. Uno de los factores claves de éxito en el Perú es el acceso al financiamiento, y como es sabido la gran empresa tiene sus propios mecanismos, y la pequeña y microempresa goza de un régimen promocional especial, pero ¿qué ocurre con la mediana empresa? Ante esta situación, en el 2012 el Gobierno peruano aprobó el Reglamento del Mercado Alternativo de Valores (MAV) con la finalidad de fortalecer y fomentar el crecimiento empresarial mediante mecanismos que permitan acceder al financiamiento a menores costos y mayores plazos, la ampliación de la oferta de instrumentos en el mercado, la mejora de la competitividad en la región y la promoción del acceso de empresas de menor tamaño al mercado de valores.
Precisamente, el MAV constituye un mercado alternativo para el desarrollo de la mediana empresa, ya que representa una opción para la obtención de un mayor financiamiento. Por ello, la presente investigación persigue el objetivo de analizar el MAV para establecer las causas de su limitado crecimiento y presentar una propuesta que impulse su desarrollo, tomando como referencia la legislación comparada de diversos países con similares experiencias, como España, Colombia, Chile e Inglaterra.
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Mary Mollo, profesora de ESAN Graduate School of Business, compartió en ATV+ los resultados del II Congreso Internacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático-2025, organizado por ESAN y que contó con la participación de 40 universidades. La especialista reveló una cifra alarmante: el 70% de la población peruana vive en zonas con algún nivel de riesgo. Ante esto, destacó el compromiso de las universidades por colaborar con las autoridades en la prevención de riesgos de desastres.
Mayra Arauco, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de ESAN University, expuso en Infobae el desbalance del uso del agua para la agricultura y el consumo humano. En esta línea señaló que el 85,9% del agua utilizada en el país se destina al riego.
Germán Lora, profesor de ESAN Business Law, advirtió en Infobae sobre un posible "punto de inflexión" en la gestión laboral: el Tribunal Constitucional evaluará si el retiro de confianza a personal de dirección debe implicar el pago de una indemnización por despido arbitrario. El experto señaló que un fallo en este sentido cambiaría las reglas del juego, "develando" una realidad jurídica que podría activar una ola de reclamos retroactivos por parte de extrabajadores.