Entre las diversas modalidades de fraude, el "soborno", considerado como flagelo global, es el más preocupante y con más de 1 billón de dólares pagados cada año mundialmente.

Las consecuencias de esta variante de fraude son calamitosas, ya que reduce la calidad de vida, paraliza proyectos, quiebra empresas ocasiona despidos, ahuyenta las inversiones, aumenta la pobreza y erosiona la confianza del público. Tanto es así, que el caso Odebrecht ha afectado negativamente economías de diversos países en más de tres continentes.

En nuestro país, los sobornos relacionados principalmente con proyectos de construcción de gran envergadura, muchos de ellos al quedar congelados, han afectado a cientos de empresas proveedoras y a miles de trabajadores que terminaron desempleados.

Los casos de soborno ventilados durante los últimos años han demostrado que ningún país está libre, se trate de naciones desarrolladas o no, o economías emergentes como la nuestra.

Es por ello que, en nuestro país, en abril del 2016 se promulgó la Ley 30424 "Responsabilidad administrativa de las empresas por el delito de soborno"; estableciendo que la persona jurídica está exenta de dicha responsabilidad, perpetrada por algunos de sus colaboradores, solo si demuestra contar con un modelo de prevención adecuado que considere además sanciones por incumplimiento.

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Fuente: Gestión