Es necesario que el gobierno tome medidas que permitan contrarrestar la reducción del crecimiento y no simplemente argumentar que sacrifican el crecimiento por hacer frente a la corrupción. Hacer frente a la corrupción está perfecto, pero que no sirva de excusa para no hacer nada y dejar que nuestra economía caiga.

La coyuntura política actual es complicada, en especial por los destapes de corrupción. Esto hace que las entidades del Estado relacionadas con la inversión en infraestructura sean más conservadoras (por decirlo de una mejor manera) y quieran curarse en salud; con lo que se generará una serie de observaciones y retrasos con el objetivo de licitar el proyecto perfecto, tan solo por el temor de que posteriormente sea observado o estar bajo la lupa mediática. Esto solo hará que la inversión en infraestructura se reduzca aún más y el crecimiento del PBI sea menor al esperado.

No necesitamos más leyes ni exoneraciones. Tenemos el marco legal suficiente para acelerar la inversión. Todo depende de las personas que estén al frente de los proyectos y de los organismos fiscalizadores, de su capacidad técnica y conocimiento, de su solvencia moral y de su sensibilidad social.

¿Qué hacer?

Para evitar este círculo vicioso, el gobierno debe tomar la decisión de separar las cosas. Que el Poder Judicial se encargue de los temas de corrupción y penalice a los corruptos, pero que las acciones de las entidades gubernamentales encargadas de la infraestructura no se vean frenadas.

La inversión en infraestructura no puede detenerse por la paranoia de los funcionarios públicos al efecto mediático. Que se busquen soluciones creativas para acelerar la inversión, con total transparencia, y que se adjudiquen los proyectos que Proinversión tiene listos en cartera hace mucho tiempo. Que se acelere la inversión pública, sea del gobierno nacional como de los gobiernos locales y regionales.

No necesitamos más leyes ni exoneraciones. Tenemos el marco legal suficiente para acelerar la inversión. Todo depende de las personas que estén al frente de los proyectos y de los organismos fiscalizadores, de su capacidad técnica y conocimiento, de su solvencia moral y de su sensibilidad social. 

La decisión debe ser de arriba (presidente y ministros), y que se empodere debidamente a las entidades encargadas de llevar adelante los proyectos. Por ningún motivo debemos pensar que agilizar las inversiones está directamente correlacionado con la corrupción. Se pueden acelerar las inversiones públicas y público-privadas con total transparencia y competencia.

Es imprescindible que se empiece a respirar un ambiente de reactivación económica. En mi modesta opinión, si no corremos con esto, las consecuencias serán peores.

¿Qué otras medidas propondría usted para evitar que la lucha contra la corrupción frene la inversión y el crecimiento?