¿Qué proponen los candidatos en materia inmobiliaria?

¿Qué proponen los candidatos en materia inmobiliaria?

Justo Cabrera, profesor de la Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario de ESAN, analizó para El Comercio los planes de gobierno de Pedro Castillo y Keiko Fujimori en materia inmobiliaria y evaluó las fortalezas y debilidades de sus propuestas.

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Solo en Lima Metropolitana, según cifras del Fondo MiVivienda (FMV) existe un déficit habitacional de más de 400.000 viviendas, y la oferta de unidades disponibles para la venta -hasta febrero último, a decir de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI)- sobrepasaba a duras penas las 26.000 unidades.

Frente a esa realidad y, tomando en cuenta, la enorme brecha que existe entre oferta y demanda, ¿qué es lo que proponen los dos candidatos que el domingo 6 de junio pugnarán por convertirse en el nuevo inquilino del sillón de Pizarro por los próximos cinco años, para incentivar la inversión inmobiliaria y cerrar la brecha existente?

En su plan de gobierno Keiko Fujimori de Fuerza Popular (FP) plantea medidas orientadas a incentivar la construcción de viviendas, sobre todo las de carácter social y sostenibles. Pero, también apunta a la formalización y mejora de los inmuebles de las familias de los sectores menos favorecidos.

Mientras que por lado de Pedro Castillo y Perú Libre (PL), en su ideario y programa no se visibiliza ninguna medida encaminada a atender la problemática del mercado residencial. En su capítulo VII, sobre la política agraria como seguridad nacional que plantea, solo hacen mención a la formalización de la titulación de tierras. Y, en este punto resalta la falta de seguridad jurídica para las tierras y la apropiación de terrenos para impulsar proyectos inmobiliarios privados.

Problema desatendido

Tomando en cuenta, las dos caras de las propuestas, Justo Cabrera, docente de la Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario de ESAN, sostiene que ninguno de los candidatos propone resolver el problema principal del país: la ausencia de un marco legal de ordenamiento territorial.


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Fuente: El Comercio